La reciente propuesta de Paloma Valencia, precandidata presidencial asociada a sectores de la extrema derecha y al uribismo, ha generado un fuerte debate en torno al futuro del sistema de salud en Colombia.
Su planteamiento consiste en reconocer como deuda pública los cerca de 50 billones de pesos que actualmente adeudan las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con la posibilidad de titularizar esa deuda.
Aunque en apariencia podría interpretarse como una solución técnica para sanear el sistema, en el fondo encierra implicaciones profundamente problemáticas tanto en lo económico como en lo ético.
En primer lugar, la propuesta plantea un serio problema de incentivos.
En economía, este fenómeno se conoce como “riesgo moral”: cuando los actores saben que no asumirán las consecuencias de sus decisiones, tienden a comportarse de manera irresponsable.
Si las EPS —encargadas de administrar recursos públicos destinados a la salud— entienden que el Estado eventualmente cubrirá sus déficits, el mensaje es claro: no hay una verdadera sanción por la mala gestión, el desvío de recursos o incluso la corrupción.
En lugar de corregir el sistema, se estaría reforzando el comportamiento que lo llevó a la crisis.
Esta no es una idea nueva ni una solución inédita.
Colombia ya ha transitado por caminos similares en el pasado. Tras la crisis del sistema de salud en 2008, el Estado asumió grandes deudas acumuladas por los intermediarios.
Posteriormente, en 2019, se implementó la llamada Ley de Punto Final, que buscaba sanear las obligaciones entre EPS, IPS y el Estado.
En ambos casos, el patrón fue idéntico: se inyectaron recursos públicos, se prometieron reformas estructurales y, pocos años después, el problema reapareció con igual o mayor magnitud.
Esto evidencia que el enfoque ha sido equivocado.
No se trata simplemente de cubrir déficits financieros, sino de transformar las reglas del juego que los generan.
La intermediación privada en la administración de recursos públicos de la salud ha operado durante décadas bajo incentivos que priorizan el beneficio económico sobre la eficiencia y la calidad del servicio.
En ese contexto, trasladar la deuda al Estado no resuelve el problema, sino que lo profundiza.
La titularización de esa deuda podría duplicar su impacto en el largo plazo.
Convertir obligaciones en instrumentos financieros implica costos adicionales, intereses y compromisos futuros que recaerían sobre todos los contribuyentes.
En otras palabras, lo que hoy se presenta como una deuda de 50 billones podría terminar costándole al país cerca de 100 billones, socializando pérdidas que se originaron en una gestión cuestionable.
Desde una perspectiva ética, la propuesta resulta difícil de justificar.
Significa que los ciudadanos terminarían pagando dos veces: primero, a través de los recursos que ya fueron mal administrados, y luego mediante impuestos destinados a cubrir ese mismo hueco.
Esto no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que perpetúa un modelo en el que las ganancias se privatizan mientras las pérdidas se socializan.
Paloma Valencia no representa una solución estructural a la crisis del sistema
En conclusión, la propuesta de Paloma Valencia no representa una solución estructural a la crisis del sistema de salud, sino la continuación de un esquema que ha demostrado ser insostenible.
Más que institucionalizar el problema, Colombia necesita replantear de fondo el modelo, acabar con la intermediación financiera de las corruptas EPS, corrigiendo los incentivos y priorizando el bienestar de los ciudadanos sobre los intereses de intermediarios financieros.
