Desde la Universidad de Cartagena, el Procurador General Gregorio Eljach lanzó un nuevo llamado a sumarse a la estrategia de “Paz Electoral”, invitando a directivos, docentes y estudiantes —como lo ha hecho en una maratónica gira nacional— a respaldar unas elecciones libres, transparentes y seguras.
El mensaje, en apariencia institucional y necesario, insiste en derrotar la abstención y fortalecer la confianza en el proceso democrático. Sin embargo, la pregunta de fondo persiste:
¿Puede construirse confianza ignorando denuncias claras y contundentes sobre el sistema electoral?
El jefe del Ministerio Público parece sugerir que respaldar la paz electoral implica aceptar que todo lo que hacen la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral es correcto, legal e incuestionable.
Bajo esa lógica, cualquier duda sería una estrategia de “malos perdedores”. Pero la democracia no funciona sobre actos de fe ni sobre descalificaciones anticipadas. La confianza no se decreta: se construye con hechos verificables.
Las dudas no surgen de la nada.
En procesos recientes, bajo las mismas normas y procedimientos, se denunciaron irregularidades que terminaron afectando la representación política.
La memoria institucional del país no puede borrarse con discursos. Si hubo errores, fallas técnicas o incluso manipulación, lo responsable no es callar a quienes alertan, sino abrir el sistema a auditorías independientes y transparentes.
Aquí muestro las pruebas de la persistencia del fraude electoral en Colombia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 24, 2026
1..El desacato de la sentencia sobre el fraude electoral al MIRA de nulidad de las elecciones de senado del 2014.
Allí se ordenó un "software de mesa" del estado y desde el estado.
2. El software de… pic.twitter.com/cOoqdfbrwf
Que dice Petro
En ese contexto, el presidente Gustavo Petro respondió al procurador exigiendo transparencia en el software electoral, afirmando que no es confiable.
Desde sectores tradicionales se le acusa de sembrar dudas anticipadas para desconocer una eventual derrota.
Se repite que hablar de fraude es un cálculo político.
Pero quienes hoy exigen silencio olvidan que hace cuatro años, gracias a denuncias documentadas y pruebas técnicas, se recuperaron curules que inicialmente habían sido mal asignadas. No se trató de teorías, sino de resultados judiciales concretos.
La discusión no debería centrarse en intenciones atribuidas, sino en garantías reales.
Si existen 4.200 mesas cuestionadas, inconsistencias en iteraciones o dudas sobre algoritmos, la respuesta institucional no puede ser el reproche político, sino la verificación técnica.
La democracia se fortalece cuando permite el escrutinio, no cuando lo estigmatiza.
Figuras cercanas al gobierno han señalado que la transparencia es una condición indispensable para evitar tensiones posteriores.
No se trata de incendiar el país ni de fabricar excusas. Se trata de prevenir que los errores del pasado se repitan.
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Ni mucho que queme, pero…
Decir que la democracia solo es válida cuando se gana es un error, pero también lo es exigir confianza ciega cuando existen antecedentes problemáticos.
La institucionalidad debe entender que la credibilidad no se recupera con llamados abstractos a la unidad. Se recupera con auditorías públicas, acceso al código fuente, observación internacional robusta y procedimientos claros.
Desde la Casa de Nariño no debería fabricarse ninguna excusa, pero tampoco desde la Procuraduría General de la Nación minimizar preocupaciones legítimas.
El problema es estructural: el sistema ha mostrado fallas y eso está documentado.
La verdadera paz electoral no consiste en silenciar denuncias, sino en garantizar que cada voto cuente y sea verificable.
Si el objetivo es derrotar la abstención, el primer paso es asegurar que los ciudadanos sientan que su decisión será respetada. Sin garantías reales, la paz electoral corre el riesgo de convertirse en un eslogan vacío.
