El abogado y defensor de derechos humanos Luis Guillermo Pérez Casas publicó el 22 de febrero de 2026 un pronunciamiento titulado “La difamación contra Iván Cepeda Castro no es periodismo, es violencia electoral”, en respuesta a una columna divulgada por La Silla Vacía.
En el documento, Pérez acusa al medio de intentar vincular de manera infundada al candidato presidencial Iván Cepeda Castro con las antiguas FARC en pleno contexto de campaña electoral.
Un ejercicio de manipulación informativa
Según Pérez, la publicación no constituye periodismo crítico ni investigación rigurosa, sino un ejercicio de manipulación informativa basado en una única mención hallada en los dispositivos electrónicos atribuidos al excomandante guerrillero Raúl Reyes.
De acuerdo con la columna cuestionada, en uno de esos archivos se aludiría a una persona identificada como “Ingrid Storgen” coordinando con “el compañero Iván Cepeda”.
Para el jurista, esa referencia aislada —que el propio artículo reconoce como la única entre cientos de documentos— carece de verificación independiente y no constituye prueba sólida de vínculo alguno.
Cepeda ha negado reiteradamente conocer a la persona mencionada
Pérez subraya que Cepeda ha negado reiteradamente conocer a la persona mencionada y ha sostenido que la marcha convocada en 2008 fue organizada por víctimas y organizaciones de derechos humanos, en el marco del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), sin conexión con actores armados ilegales.
Recuerda además que, en entrevistas como la concedida a Revista Semana el 6 de febrero de 2008, Cepeda explicó que la movilización no era una contramarcha frente a la del 4 de febrero contra las FARC, sino una convocatoria independiente para exigir justicia por crímenes de Estado.
Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la invalidez jurídica de los llamados “computadores de Reyes”
Pérez recuerda que en 2011 la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales esos archivos como evidencia judicial, debido a irregularidades en la obtención y custodia del material tras la Operación Fénix.
Dicho operativo —un bombardeo transfronterizo en territorio ecuatoriano— habría vulnerado la soberanía de ese país y no garantizado la cadena de custodia de los dispositivos, que permanecieron varios días bajo control exclusivo de la fuerza pública colombiana.
Se cuestiona la imparcialidad de Óscar Naranjo
Aunque se ha señalado que Interpol certificó la no alteración de los equipos tras su incautación, Pérez sostiene que ello no valida el contenido original ni descarta posibles manipulaciones previas.
Añade que uno de los responsables de Interpol en Colombia para la época era el general Óscar Naranjo, a quien vincula con la planificación del operativo, cuestionando así su imparcialidad.
El abogado también recuerda que con base en esos archivos se intentó involucrar judicial y mediáticamente a figuras como Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, sin que se consolidaran condenas sustentadas en pruebas válidas. A su juicio, insistir en ese material como fundamento de sospechas actuales desconoce una decisión judicial vinculante.
Violencia electoral
Finalmente, Pérez sostiene que en un contexto electoral este tipo de publicaciones trascienden el debate periodístico y se convierten en “violencia electoral”, al contribuir —según afirma— a la estigmatización de un candidato.
El jurista concluye que la credibilidad no está en juego para Cepeda, sino para La Silla Vacía que, en su opinión, divulga una falacia basada en datos fragmentarios y omisiones deliberadas.
