La ausencia de Iván Cepeda en la consulta del llamado centro progresismo logró, al menos por ahora, romper la unidad dentro de los amigos del gobierno.
Lo que debía ser el escenario ideal para definir, de manera democrática y transparente, quién sería el candidato del sector afín al gobierno terminó convertido en un campo minado de especulaciones, cálculos estratégicos y maniobras que hoy tienen al progresismo en una encrucijada.
Con Cepeda en la consulta, el mecanismo tenía sentido político
Medir fuerzas, ordenar liderazgos y salir fortalecidos hacia la contienda presidencial. Sin él, la consulta pierde su eje articulador y se convierte en un instrumento que, más que sumar, divide.
Comienzan entonces los juegos de lo que pudo ser y no fue, las versiones cruzadas, las jugaditas para enredar el panorama y ver quién puede pescar en río revuelto.
En este nuevo escenario, la unidad deja de ser el punto de llegada y pasa a ser la principal víctima.
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sacar a Cepeda de la consulta y permitir que figuras como Daniel Quintero continúen en carrera fue leída por muchos como una jugada que terminó favoreciendo a la oposición.
Más allá de las razones jurídicas o procedimentales, el efecto político es evidente
Se creó el escenario perfecto para la fragmentación interna del bloque que respalda al gobierno. En política, a veces no se necesita derrotar al adversario; basta con dividirlo.
En medio de ese reacomodo, el sector liderado por Roy Barreras apareció inicialmente como el más fuerte para imponerse en la consulta.
Su estrategia comenzó con un llamado a los votantes de Cepeda para que lo respaldaran, prometiendo que, si lograba superar su caudal electoral, asumiría la representación del sector. La jugada no prosperó. El electorado percibió el cálculo y respondió con reservas.
Ahora el discurso cambia.
Barreras apela a la necesidad de combatir los extremos y de construir consensos amplios para ganar la presidencia. En abstracto, suena razonable. Sin embargo, en la realidad política colombiana, el consenso no puede convertirse en un eufemismo para diluir las reformas estructurales que dieron origen al actual proyecto de gobierno encabezado por Gustavo Petro.
La experiencia reciente lo demuestra.
Cuando el gobierno impulsó el aumento del salario mínimo vital en un 23%, la clase política tradicional y buena parte de sus voceros mediáticos auguraron un desastre económico.
Se habló de inflación desbordada y colapso empresarial. Incluso, el Consejo de Estado frenó momentáneamente la medida. Pero el Ejecutivo se mantuvo firme con el pueblo, respaldado en la razón que le daban los resultados fiscales y en un manejo responsable de la economía.
Después de la reunión de la comisión de concertación por el salario mínimo, los temores no se materializaron y muchos críticos terminaron cediendo moderando su oposición, ese es el consenso que da la razón.
El mismo dilema se presenta con la reforma a la salud.
Para el sector más comprometido con las transformaciones sociales, esta no es negociable en sus pilares: rescatar hospitales públicos, dignificar al personal sanitario, fortalecer la prevención, impulsar la ciencia y reducir la intermediación financiera de las corruptas EPS.
La pregunta central no es si debe haber consenso, sino con quién y sobre qué bases.
Si la unidad se construye alrededor de las reformas que buscan corregir desigualdades históricas, el progresismo puede reencontrar su rumbo.
Si de verdad queremos identificar al candidato que garantice unidad y coherencia en el progresismo, hay un criterio que pesa más que cualquier otro: cómo y quién se compromete con las reformas sociales que el país necesita.
Este gobierno luchó por sacarlas adelante, pero la politiquería tradicional y sus “consensos” de siempre las frenaron.
Ahí está la clave del triunfo.
Todo lo demás es ruido diseñado para confundir.
La unidad está en las reformas.
La victoria, en defenderlas y ejecutarlas.
