En el departamento de Santander, el apellido Aguilar ha sido protagonista de la política regional durante décadas. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas, procesos judiciales y cuestionamientos éticos que han marcado la percepción pública sobre este poderoso clan familiar.
El patriarca, Hugo Aguilar, fue condenado por sus vínculos con grupos paramilitares en el escándalo conocido como parapolítica, un hecho que dejó una huella profunda en la historia política del departamento.
A pesar de ello, sus hijos continuaron el camino en cargos de elección popular.
Richard Aguilar y Mauricio Aguilar han ocupado posiciones de alto nivel, incluyendo la Gobernación de Santander, en medio de investigaciones y controversias relacionadas con contratación pública y presuntas irregularidades administrativas.
Desde 2011, el grupo político conocido como los “AguiLuchos” —creado para respaldar la aspiración de Richard a la Gobernación y la candidatura de Lucho Bohórquez a la Alcaldía de Bucaramanga— fue visto por sus críticos como una estrategia para sortear las restricciones derivadas de pertenecer a partidos distintos.
En aquel entonces, la movida generó debate sobre los límites entre el apoyo ciudadano y la posible vulneración de normas como la doble militancia.
Hoy, en una nueva contienda electoral, resurgen señalamientos similares.
Richard aspira al Senado por el anacrónico Partido Liberal Colombiano, mientras que su fórmula a la Cámara es Cristian Arguello.
Paralelamente, ha surgido un colectivo denominado “AguiAriza”, que respaldaría tanto la candidatura de Richard como la de Diego Fran Ariza a la Cámara por el Partido de la U.
La legislación electoral colombiana establece restricciones claras frente a la doble militancia y a las alianzas entre candidatos de diferentes partidos cuando existen fórmulas oficiales inscritas.
Además del debate jurídico, también hay tensiones políticas.
La supuesta coincidencia de respaldos entre campañas distintas ha generado incomodidad entre aliados y ha abierto interrogantes sobre la coherencia de los acuerdos previos.
Analistas locales señalan que este tipo de movimientos puede afectar la confianza entre campañas y proyectar una imagen de oportunismo electoral.
Ética pública y responsabilidad política
Más allá de las interpretaciones legales, el caso vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre ética pública y responsabilidad política.
Para muchos ciudadanos, el historial judicial del clan y las reiteradas controversias constituyen razones suficientes para exigir mayor transparencia y coherencia.
En un escenario marcado por la polarización y la desconfianza institucional, la decisión final recaerá en las urnas.
Es momento de que la ciudadanía haga valer su voz en las urnas. Este clan político, señalado por múltiples prácticas cuestionables y reiteradas faltas a la ética pública, no representa los intereses de la gente.
Además, ha votado sistemáticamente contra reformas sociales que buscan mejorar la vida de la población, mientras respalda políticas que han profundizado la desigualdad en Colombia. En estas elecciones, el país merece algo distinto.
