La Fiscalía General de la Nación fue clara y contundente: exdirectivos de la Nueva EPS habrían alterado de manera sistemática los estados financieros entre 2019 y 2022.
Según el ente acusador, se presentó información irreal sobre reservas, costos e ingresos, y se reportaron utilidades inexistentes con un objetivo preciso: evitar una intervención que, de haberse realizado a tiempo, habría mitigado el daño causado a millones de afiliados.
Estos hechos, hoy investigados, desnudan una corrupción estructural que no nació con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Durante años —bajo los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque— el sistema de salud fue manejado con opacidad, intermediación excesiva y una peligrosa cultura de maquillaje contable.
Mientras en los balances aparecían cifras “sanas”, en la realidad los pacientes sufrían demoras, negaciones de servicios y tratamientos impagos. La verdad que hoy sale a la luz explica por qué, cuando se intentó ordenar el sistema, el deterioro era ya profundo e inevitable.
¿De quién es la culpa?
Resulta llamativo que ahora, cuando la Fiscalía imputa por fraude financiero al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, se pretenda trasladar la responsabilidad al actual Gobierno y al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
La evidencia apunta en otra dirección: cuando en una empresa de esa magnitud se falsean balances durante años y la intervención llega tarde, las consecuencias son devastadoras. No se trata de un año y medio de gestión de interventores, sino de una cadena prolongada de malas prácticas.
El daño no fue abstracto.
Se habrían apropiado de recursos destinados a pagar tratamientos ya realizados y a garantizar tratamientos futuros de los afiliados. Fue una verdadera cuchillada al concepto de aseguramiento, que debía ser la misión central de una EPS.
Los balances presentados al momento de la intervención hablaban de cuatro “pilotes” financieros; una revisión superficial mostró que solo uno existía —y además estaba deteriorado— mientras los otros tres brillaban por su ausencia.
La evidencia contundente es que el expresidente de Nueva EPS fue imputado por fraude financiero, cuando eso sucede en una empresa de esa envergadura y se interviene muy tarde (como sucedió) las consecuencias vistas son inevitables.
— Vicente Calvo (@vcalvot) February 8, 2026
Se ROBARON la plata que correspondía pagar de… https://t.co/cyY5IlxboM
Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz
En este contexto, es imposible ignorar el papel de exministros como Alejandro Gaviria y su sucesor Fernando Ruiz, quien fue su viceministro. Sus gestiones mantuvieron estrategias complacientes y regulaciones diseñadas más para tapar desaguisados que para corregirlos. El resultado fue prolongar la agonía del sistema y permitir que el desfalco creciera.
Las conexiones políticas también merecen escrutinio. José Fernando Cardona, hoy acusado por la Fiscalía, fue elegido presidente de la Nueva EPS en gobiernos anteriores y tuvo cargos y asesorías en distintas administraciones.
La junta directiva de la entidad estuvo dominada por sectores de partidos tradicionales, en especial Cambio Radical.
José Fernando Cardona, hoy acusado por la @FiscaliaCol de fraude financiero en la Nueva EPS, fue elegido presidente de esa EPS por @AlvaroUribeVel, además de ser secretario de salud de @EnriquePenalosa y asesor en salud de @JuanManSantos.
— Alexander Klein (@AlexKleinO) February 8, 2026
Qué casualidad.
Entre los nombres señalados aparecen figuras con poder e influencia, lo que refuerza la necesidad de investigar a fondo posibles beneficios indebidos, desde contratos hasta gastos suntuarios financiados con recursos de la UPC.
Entender el pasado es indispensable para diagnosticar el presente.
Esta debacle no se explica por decisiones recientes, sino por una cuerda de bandidos que durante años usaron recursos públicos para fines distintos a la salud de los colombianos.
Por eso, la alerta es clara
Seguir respaldando en las urnas a Cambio Radical y demás partidos tradicionales que defendieron y sostuvieron este modelo es atentar contra nuestra propia salud y la de nuestras familias.
El castigo democrático es una herramienta legítima para cerrar un ciclo de corrupción que tanto daño hizo.
