Hay un asunto que resulta particularmente complicado de explicar en época electoral, sobre todo cuando la vieja clase política local comienza a agitar las banderas de lo regional y de las supuestas luchas históricas que, según ellos, como territorio deberíamos dar para reclamar lo que nos han arrebatado durante décadas desde el poder central.
El discurso suena emotivo, cercano y hasta justo.
El problema es que está construido sobre medias verdades, silencios convenientes y una profunda amnesia selectiva.
Lo que estos politiqueros no dicen es que han sido ellos mismos quienes han usufructuado el poder local durante años, incluso décadas, convirtiendo a la región en exactamente aquello que hoy prometen “rescatar”.
Han gobernado alcaldías, corporaciones públicas y entidades descentralizadas, y desde allí administraron recursos, repartieron contratos y consolidaron redes clientelares que poco o nada aportaron al bienestar colectivo.
Ahora, con total desparpajo, se presentan como víctimas de un sistema del cual han sido protagonistas privilegiados.
La contradicción se hace aún más evidente cuando se revisan sus alianzas políticas.
Muchos de estos autodenominados defensores de lo local se inscriben y reciben patrocinio de partidos como Cambio Radical, el Partido Liberal o el Centro Democrático, solo por mencionar algunos de los que más daño le han hecho no solo a la región, sino al país en general.
Son estas mismas colectividades las que históricamente han defendido un modelo económico excluyente, centralista y rentista, que profundiza la desigualdad y margina a las mayorías.
No olvidar
Conviene recordarles, especialmente ahora que recorren veredas y barrios populares en busca de votos, que sus partidos y patrocinadores se opusieron en todas las instancias posibles a las reformas sociales que buscaban mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Se opusieron a la reforma pensional, laboral y de salud, al aumento del salario mínimo, al recorte de los peajes, a la reducción del precio de la gasolina y a la devolución de las tierras despojadas por el narcotráfico a los campesinos.
Critican incluso la revaluación del peso cuando esta beneficia al ciudadano común.
En síntesis, se oponen a todo lo que represente un alivio para la gente y defienden con fervor las políticas neoliberales que han convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del planeta.
Ahora regresan a las comunidades con discursos cargados de símbolos
Que son hijos del río y de la tierra, que van a devolver la dignidad regional y el sentido de pertenencia. Pero detrás de esa retórica populista no hay un compromiso real con legislar para el pueblo.
Lo que ofrecen son prebendas electorales temporales y la promesa de “gestionar recursos” que, en la práctica, terminan convertidos en elefantes blancos que desangran el erario.
La ciudadanía tiene la responsabilidad de estar alerta, de no dejarse confundir por la emoción ni por la nostalgia fabricada.
Es momento de desenmascarar a estos corruptos de oficio, enemigos de la gente humilde, y negarles el voto popular como un acto de dignidad y de castigo político.
Solo así se podrá garantizar que no vuelvan a cometer las fechorías que tanto daño le han hecho a la región que dicen amar y representar.
