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El pedestal que se resquebraja: las sombras del proyecto político de Sergio Fajardo

Más que un debate de simpatías, lo que emerge es la necesidad de mirar sin filtros el pasado y las responsabilidades de quienes aspiran a gobernar. Porque en política, ningún pedestal es eterno cuando la realidad insiste en reclamar memoria y verdad.

Durante años, una parte influyente de los medios de comunicación colombianos ha intentado construir alrededor de Sergio Fajardo la imagen de un político excepcional, casi ajeno a las miserias de la política tradicional.

Revistas como Cambio y figuras periodísticas reconocidas como Daniel Coronell y Félix de Bedout, han insistido en presentarlo como un referente de superioridad ética, académica e intelectual, un matemático-filósofo llamado a “civilizar” la política nacional.

En ese relato, Fajardo aparece como un ser elevado sobre el resto del espectro político, alguien que, con solo “tocar tierra”, estaría destinado a conquistar el favor electoral de los colombianos.

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Sin embargo, esa narrativa empieza a mostrar grietas profundas cuando se contrasta con investigaciones y denuncias provenientes de periodistas y activistas que no comparten ese entusiasmo.

Voces como la del periodista independiente Julián Martínez y la del médico y activista digital L.E. Escobar MD sostienen que, lejos de ser un actor impoluto, Fajardo ha estado involucrado —por acción u omisión— en dinámicas de poder marcadas por la corrupción, el paramilitarismo y la violencia estructural en Antioquia.

No se trata de simples diferencias ideológicas, sino de señalamientos concretos que cuestionan el núcleo del “fajardismo” como proyecto ético.

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Uno de los puntos más graves es el caso de Hidroituango, mega proyecto que, según estas denuncias, se convirtió en una tragedia humana, ambiental y económica.

Fajardo fue declarado responsable fiscal por su papel en decisiones que, de acuerdo con los críticos, contribuyeron al desastre,  quedando finalmente libre de dicho proceso, tan solo tras el pago por parte de las aseguradoras, acción que le quito la responsabilidad fiscal, pero no su responsabilidad política en el desastre.   

Este episodio contrasta de forma directa con la imagen de gestor técnico y responsable que sus defensores promueven con insistencia.

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A esto se suman señalamientos sobre su paso por espacios de poder regional, como su participación en la junta asesora de paz durante la gobernación de Álvaro Uribe, que, según los denunciantes, habría servido para legitimar o al menos no confrontar con firmeza el fenómeno paramilitar.

También se cuestiona el fortalecimiento de estructuras criminales como la Oficina de Envigado, presuntamente favorecidas durante su administración local a través de redes de corrupción y funcionarios comprometidos, como su entonces secretario Gustavo Villegas.

Otro eje central de la crítica es el silencio.

Silencio frente al desplazamiento forzado, las masacres, los falsos positivos y la existencia de miles de desaparecidos.

Para sus detractores, esa ausencia de una postura clara y contundente equivale a una forma de complicidad política, especialmente en un contexto donde instituciones como la Fiscalía y sectores de la Fuerza Pública eran señalados de connivencia con estructuras criminales.

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Finalmente, se le reprocha su distancia frente al proceso de paz, simbolizada en su retiro de la escena política en momentos clave, lo que, según estas voces, facilitó que el gobierno de Iván Duque desmontara el acuerdo con las FARC, con consecuencias sangrientas para Antioquia y el país.

Así, el pedestal construido por ciertos medios y seguidores parece sostenerse más en la amnesia selectiva y la desconexión crítica que en un balance riguroso de los hechos.

Mirar sin filtros el pasado

Más que un debate de simpatías, lo que emerge es la necesidad de mirar sin filtros el pasado y las responsabilidades de quienes aspiran a gobernar.

Porque en política, ningún pedestal es eterno cuando la realidad insiste en reclamar memoria y verdad.

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