Luego de la columna de Ana Bejarano en Cambio, en la que recordó el papel de Abelardo de la Espriella como abogado defensor de DMG, las reacciones no se hicieron esperar.
El texto tocó una fibra sensible en medio de la coyuntura política
La relación entre el historial profesional de un candidato y su idoneidad ética para ejercer el poder público. La respuesta del abogado Iván Cancino, en defensa de De la Espriella, lejos de cerrar la discusión, la avivó aún más.
Cancino salió con una publicación tan breve como polémica:
“No, no era el candidato el que defendía a DMG, era el abogado. ¡Gran diferencia!”. La frase pretendía establecer una línea divisoria clara entre dos roles que, en el papel, pueden distinguirse, pero que en la realidad política y moral del país resultan difíciles —cuando no imposibles— de separar.
La ciudadanía, periodistas y activistas entendieron el mensaje como un intento de minimizar un debate de fondo: la coherencia ética.
La influyente periodista investigadora Cecilia Orozco Tascón respondió con una pregunta tan sencilla como contundente:
“¿No es la misma persona, la misma conducta y la misma moral?”. Y fue más allá, planteando una duda central para cualquier democracia: si un abogado considera que la ética no tiene relación con el derecho, ¿por qué debería creerse que, llegado al poder, sí tendrá un vínculo con el ejercicio público?
No se trata de tecnicismos legales, sino de confianza ciudadana.
A la discusión se sumó también el activista de redes sociales Gustavo González, quien interpeló directamente a Cancino con otra pregunta incómoda:
¿Hace parte del ejercicio profesional de un abogado defensor solicitar 760 millones de pesos para “cuadrar cosas” en el Congreso?
El señalamiento, más allá de su tono provocador, vuelve a poner sobre la mesa los límites entre la defensa legal, las prácticas cuestionables y la ética pública.
No era el candidato, era el abogado
Cuando alguien afirma “no era el candidato, era el abogado”, en el fondo propone una separación artificial que solo funciona en el plano abstracto.
En la vida real, Abelardo de la Espriella construyó su prestigio, su visibilidad mediática y su llamado “imperio empresarial” precisamente desde su ejercicio como abogado: eligiendo a quién defender, qué causas asumir y cuáles convertir en espectáculo.
Cuando el candidato De la Espriella defendía a DMG, mi columna en #LosDanieles #LaFamiliaDMG https://t.co/Qt2IXrq7FI pic.twitter.com/Znzam9PL8p
— Ana BejaranoRicaurte (@AnaBejaranoRG) January 18, 2026
Esas decisiones no fueron obligadas; fueron elecciones.
El punto no es criminalizar el ejercicio del derecho ni negar el derecho a la defensa, pilar fundamental del Estado de derecho.
El punto es otro: entender que cuando alguien aspira a liderar un país, su trayectoria profesional también habla. Habla de los valores que priorizó cuando nadie lo forzaba, de los intereses a los que estuvo dispuesto a servir y de los argumentos que consideró aceptables para justificar sus actos.
¿Separar al abogado del candidato?
Separar al abogado del candidato puede resultar cómodo para la estrategia política, pero no es honesto frente a la opinión pública.
Este episodio, más que un debate personal, termina reafirmando una sensación extendida: la profunda crisis de liderazgo, coherencia y credibilidad que atraviesan hoy la derecha y el centro político en Colombia.
Una crisis que no se resuelve con juegos semánticos, sino con claridad ética.
