Es increíble el afán —o más bien el desespero— de ciertos sectores de la derecha neoliberal por demostrar, a toda costa, que aumentar el salario mínimo es dañino para la economía y para la gente trabajadora.
Cada año, casi como un libreto repetido, aparecen los mismos argumentos: que subirán las cuotas de administración, que aumentará el pasaje de TransMilenio, que todo se encarecerá de forma inevitable.
El objetivo es claro
Instalar la idea de que mejorar los ingresos de quienes viven de su trabajo es una amenaza, y no un acto mínimo de justicia social.
Como buenos neoliberales, estos sectores pretenden convencer a la sociedad de que todos los costos deben trasladarse a la gente del común.
Bajo esta lógica, la ciudadanía debe pagar más por servicios básicos, mientras los empresarios y grandes intermediarios continúan recogiendo utilidades sin asumir responsabilidades proporcionales.
Se socializan los costos y se privatizan las ganancias, una fórmula conocida que ha profundizado la desigualdad en Colombia durante décadas.
Las cosas están cambiando
Sin embargo, dentro de las mismas comunidades empieza a surgir un clamor distinto, especialmente entre lo que tradicionalmente se denomina la clase media asalariada.
Cada vez más personas se niegan a ser manipuladas por estas élites económicas y políticas, y plantean una idea sencilla pero poderosa: que sean los empresarios de vigilancia quienes asuman el costo de los aumentos en la nómina derivados del incremento del salario mínimo, y no los vigilantes ni las asociaciones de propietarios.
Este debate ha cobrado especial fuerza en las asociaciones de copropietarios de edificios.
Allí se evidencia con claridad el problema de la intermediación abusiva. Las empresas de vigilancia cobran cifras elevadas por “gestionar” el servicio, mientras los vigilantes —quienes cumplen una labor esencial y riesgosa— reciben apenas el salario mínimo.
La diferencia entre lo que paga la comunidad y lo que recibe el trabajador revela márgenes de ganancia excesivos que rara vez se discuten en público.
Frente a esto, surge una corriente que, paradójicamente, apela al propio discurso liberal del mercado.
Si el mercado debe regular los precios, entonces las asociaciones no deberían aceptar sobrecostos injustificados amparados en el aumento del salario mínimo.
Empresa que traslade de forma abusiva ese costo a la comunidad, empresa que debe ser descartada. Así se regula el mercado, se promueve la competencia real y se protegen precios más justos, al tiempo que se contribuye a reducir la desigualdad.
El Estado tiene un papel que cumplir.
La supervisión del gobierno nacional es clave para garantizar que se respeten las normas laborales y comerciales, y para evitar abusos en los que, como casi siempre, la gente termina siendo la más perjudicada.
Regular no es atacar la empresa privada; es poner límites razonables a prácticas que afectan el bienestar colectivo.
Una nueva conciencia social
Se está gestando una conciencia social que cuestiona de raíz la idea neoliberal de que la ciudadanía debe cargar siempre con las pérdidas, mientras los intermediarios se quedan con las utilidades.
La gente está cansada de esa lógica abusiva y empieza a expresarlo no solo en debates comunitarios, sino también en el terreno político.
En las próximas elecciones parlamentarias, muchos buscarán castigar a los responsables de estas prácticas que han empobrecido a la mayoría y han convertido a Colombia en uno de los países más desiguales del planeta.
