Decretar una emergencia económica puede parecer contradictorio cuando se afirma que la economía del país “va bien”.
Sin embargo, para entender esta aparente paradoja es fundamental diferenciar entre dos conceptos que suelen confundirse en el debate público: la economía nacional y las finanzas del Estado. No son lo mismo y, de hecho, pueden mostrar realidades muy distintas al mismo tiempo.
La economía nacional se mide principalmente a través del Producto Interno Bruto (PIB).
Este indicador representa el valor total de la producción del país, la llamada “torta nacional”, dentro de la cual se incluyen todas las actividades productivas y de servicios: el sistema bancario, el turismo, las tiendas de barrio, la industria, el comercio y, en general, todo lo que produce la nación.
Para 2025, el PIB nominal de Colombia alcanzaría aproximadamente los 1.900 billones de pesos. Esta cifra muestra que, en términos generales, el conjunto de la economía nacional funciona y no se encuentra en una situación de colapso.
Otra cosa muy distinta son las finanzas públicas, que se reflejan en el Presupuesto General de la Nación.
Este presupuesto equivale a 546,9 billones de pesos y corresponde al plan de gastos del Estado: el funcionamiento del Gobierno, el Congreso, la Rama Judicial y, especialmente, la inversión social.
Este presupuesto representa cerca del 28,9 % del PIB, es decir, solo una parte de la “torta” total de la economía nacional.
El problema surge cuando ese presupuesto, aprobado por el Congreso, no cuenta con una ley de financiamiento suficiente que garantice de dónde saldrá el dinero para cubrir todos los gastos previstos.
En este caso concreto, el Gobierno presentó una ley de financiamiento por 16 billones de pesos, necesaria para cerrar el faltante fiscal. Sin embargo, el Congreso decidió no aprobarla.
El afectado directo es la gente
Ese vacío no afecta ni al Congreso ni a la Rama Judicial, pero sí golpea directamente el presupuesto de inversión social del Ejecutivo, ósea la plata que va para la gente, generando un déficit fiscal que debe ser subsanado.
Es en este contexto donde el presidente Gustavo Petro plantea la declaratoria de una emergencia económica. Esta figura está prevista en el artículo 215 de la Constitución Política y permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley, sin pasar por el Congreso, para enfrentar una situación económica específica y excepcional.
A través de estos decretos, el Ejecutivo puede, por ejemplo, aumentar impuestos como el 4×1000 al 5×1000, crear tributos transitorios o reordenar el gasto público.
No se deje engañar
Contrario a lo que afirma la oposición, la emergencia económica no es un cheque en blanco ni otorga poderes absolutos al presidente.
Todos los decretos están sujetos a un estricto control de la Corte Constitucional, que puede avalarlos total o parcialmente, o incluso tumbarlos en su totalidad si considera que no cumplen los requisitos de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.
El país va bien
Decretar una emergencia económica no significa que el país esté quebrado ni que la democracia esté en riesgo.
Implica, más bien, que existe una oposición que se niega a aprobar los recursos necesarios para las reformas sociales, que bloquea la ley de financiamiento con el propósito de frenar el cambio y que, frente a ese bloqueo, hay un gobierno decidido a sacar adelante dichas reformas y a devolverle a la ciudadanía los beneficios que fueron arrebatados por quienes hoy se oponen y se resisten a perder los privilegios que han acumulado durante décadas.
