El 14 de enero de 2021, en el marco del debate de control político que realizó el Concejo de Bogotá para evidenciar el deficiente manejo de la emergencia sanitaria por parte de la Alcaldía de Claudia López, radicaron ante la Contraloría de Bogotá una solicitud formal para investigar el centro hospitalario transitorio instalado en Corferias.
Presunto detrimento patrimonial en favor de un privado
Dicho montaje, financiado con recursos públicos, evidenciaba un presunto detrimento patrimonial en favor de un privado, además de profundas fallas de planeación, improvisación y despilfarro en el uso del presupuesto distrital.
Este centro hospitalario transitorio hacía parte del llamado Plan Distrital de Expansión, diseñado por la Administración con el propósito de aumentar la disponibilidad de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en Bogotá.
Según las proyecciones iniciales, la ciudad requeriría más de 5.000 UCI-COVID-19 antes de finalizar mayo de 2020. Para ello, la Alcaldía propuso trasladar cerca de 2.000 pacientes de baja complejidad a Corferias, liberando así camas hospitalarias que serían reconvertidas en UCI.
Sin embargo, los cálculos de necesidad de UCI variaron de manera improvisada, inconsistente y tardía.
A pesar de ello, la Administración mantuvo su defensa incondicional de la supuesta necesidad de instalar 2.000 camas en Corferias, a pesar de que nunca se alcanzó en 2020 el aprovisionamiento real de UCI proyectado.
En consecuencia, tampoco se llegó a necesitar la capacidad instalada en el centro transitorio. Aun así, y sin justificación técnica sólida, la Alcaldía insistió sospechosamente en continuar con pagos millonarios a favor de Corferias.
Una auditoría de la Contraloría de Bogotá confirmó y profundizó los cuestionamientos planteados.
Entre los hallazgos más relevantes se destacan:
1. Durante la ejecución del contrato solo se habilitaron 274 camas de las 2.000 proyectadas, lo que significa que apenas se utilizó el 13,7% de la capacidad instalada.
2. En total se atendieron únicamente 515 pacientes, con una apropiación final cercana a los 20 mil millones de pesos, lo que implica que cada paciente costó casi 39 millones de pesos al Distrito.
3. La Contraloría determinó una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta responsabilidad disciplinaria por $3.941 millones, debido a estudios previos inadecuados, falta de controles contractuales y la inoperancia de 1.726 camas que nunca fueron utilizadas.
Observación administrativa con incidencia fiscal
La Contraloría de Bogotá, a través de una auditoría, generó una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, por estudios previos inadecuados e imprecisos y falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en Corferias
En consecuencia, y ante la evidente improvisación administrativa, el uso ineficiente de recursos públicos y el favorecimiento injustificado a un operador privado, se hace inadmisible que hoy la pre candidata a la presidencia se jacte de un buen manejo en los temas de salud y corrupción durante su alcaldía.
Sospechosos ataques a la reforma a la salud
Así las cosas, se vuelven sospechosos los ataques que como precandidata a la presidencia le hace una reforma a la salud que le quita la intermediación financiera a las corruptas EPS.
Por tal motivo se hace inminente iniciar el proceso de responsabilidad fiscal para determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados y recuperar los recursos perdidos, garantizando el resarcimiento del daño al patrimonio público.
Responsabilidades políticas
La responsabilidad política de este despilfarro recae directamente en el entonces secretario de Salud, Alejandro Gómez, y en la alcaldesa Claudia López, cuyo modelo de gestión durante la pandemia terminó privilegiando intereses privados por encima de la inversión en infraestructura pública y del uso eficiente de los recursos de la ciudadanía.
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