Insólito pero cierto:
En Colombia, lo que debería ser un proceso democrático transparente se convierte en una paradoja institucional. El encargado de arbitrar la próxima consulta interna del Pacto Histórico es nada menos que Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), enemigo político declarado de Iván Cepeda, uno de los participantes en dicha consulta.
¿Quién es Álvaro Hernán Prada?
– Miembro activo del partido Centro Democrático.
– Llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el delito de soborno en actuación penal, en calidad de cómplice.
– Involucrado en el caso del testigo **Juan Guillermo Monsalve**, exparamilitar, a quien se habría intentado presionar para que modificara su testimonio en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, utilizando intermediarios como Carlos Eduardo López («Caliche»).
¿Por qué es esto grave?
– El caso en cuestión afecta directamente a Iván Cepeda Castro, quien fue señalado falsamente por Uribe y cuya defensa se vio comprometida por las presuntas acciones de Prada.
– Hoy, el mismo Prada —acusado de participar en una operación para perjudicar a Cepeda— funge como árbitro electoral en una consulta donde Cepeda es candidato.
¿Democracia?
Esto no es democracia. Es una burla institucional.
¿Cómo puede garantizarse imparcialidad cuando el árbitro tiene intereses políticos y antecedentes judiciales que lo vinculan directamente con el intento de desprestigiar a uno de los candidatos?
El mensaje es claro:
No puede haber garantías democráticas si quienes controlan el proceso electoral están comprometidos penalmente y políticamente contra los participantes.
La participación de Iván Cepeda está siendo limitada por quien debería garantizar su derecho a competir en igualdad de condiciones.
