Las recientes declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han generado una ola de reacciones en el ámbito político y social.
Según el dirigente gremial, la principal lección que deja el actual gobierno es la necesidad de establecer mecanismos para limitar el poder presidencial, bajo la premisa de evitar “abusos” desde la Casa de Nariño.
Sin embargo, para muchos analistas y ciudadanos, este discurso revela una paradoja histórica
Quienes durante décadas concentraron el poder económico y político, ahora se presentan como defensores de los controles democráticos, justo cuando el presidente en ejercicio no responde a sus intereses.
La afirmación del líder empresarial, que sugiere “recortar democracia” en nombre de la institucionalidad, ha sido interpretada por críticos como un intento de blindar al poder económico frente a un gobierno que busca reformar las estructuras que precisamente favorecieron a ese sector.
La ANDI busca imponer límites
Para los observadores independientes, la ANDI —pilar del modelo que consolidó la desigualdad y permitió la captura del Estado por las élites empresariales— ahora busca imponer límites a la figura presidencial, no por principios democráticos, sino por conveniencia.
En otras palabras, cuando el poder político actúa al servicio de los grandes intereses corporativos, se considera legítimo y eficiente. Pero cuando decide redistribuir recursos, impulsar reformas laborales, o modificar la estructura tributaria para reducir la brecha social, se le tilda de autoritario o abusivo.
Esta contradicción ha quedado al desnudo en el debate actual: lo que antes se llamaba “gobernabilidad”, hoy se denuncia como “peligro institucional”, siempre dependiendo de quién se beneficie o se vea afectado por las decisiones del Estado.
Lo irónico de la ANDI
Resulta irónico, señalan analistas, que la ANDI —junto con los partidos tradicionales, ciertos sectores del Congreso y de la rama judicial— haya logrado cooptar el poder público durante años para preservar sus privilegios, pero ahora acuse al Ejecutivo de concentrar poder cuando intenta introducir cambios estructurales.
Las reformas sociales que el gobierno ha impulsado, desde la laboral hasta la de salud y pensiones, buscan precisamente corregir las distorsiones que dejaron décadas de políticas orientadas a favorecer a los grandes conglomerados. Sin embargo, esas mismas fuerzas que moldearon el país a su medida son hoy las que bloquean o dilatan cada intento de transformación.
El debate sobre los “límites al poder” adquiere, así, un carácter simbólico
No se trata de fortalecer la democracia, sino de redefinirla para mantener intactas las jerarquías económicas. Cuando el presidente no se somete a la voluntad de los empresarios, se le acusa de “no dejarse controlar”; cuando lo hace, se le llama “estadista responsable”.
La historia política de Colombia ha demostrado que la verdadera amenaza a la democracia no proviene del exceso de poder presidencial, sino de su sometimiento a intereses privados.
Por eso, la lección que deja este episodio es clara: los límites más urgentes no son para quien busca reformar el país, sino para quienes, desde las sombras del poder económico, pretenden decidir quién puede gobernar y cómo debe hacerlo.
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