La descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas vuelve a desnudar el verdadero rostro de la política antidrogas de Estados Unidos: no es técnica, no es objetiva, no mide resultados en el terreno.
Es, simple y llanamente, un instrumento de presión política.
Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos y férreo representante del ala más dura del establishment estadounidense, responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro, al llamarlo “líder errático” y “mal socio” en la lucha antidrogas.
Lo que Rubio no dice, y lo que los hechos demuestran, es que estamos frente a un castigo por razones ideológicas, no frente a un juicio serio sobre resultados.
La narrativa de la “certificación” nunca fue otra cosa que un papel para marcar obediencia.
En ningún momento significó un reconocimiento al éxito en la reducción de cultivos, en la disminución del narcotráfico o en el fortalecimiento de comunidades campesinas. Fue y sigue siendo una forma de decir: “acato la línea de Washington”.
Lo saben los analistas independientes que insisten: esta descertificación no tiene nada que ver con la realidad en el terreno. Es una sanción política contra un gobierno progresista que decidió apartarse de la receta tradicional.
Es cierto que hay retrasos y limitaciones en la política de sustitución de cultivos del gobierno Petro.
También lo es que no se han logrado los impactos esperados en varios territorios. Pero ninguna de esas dificultades justifica un dictamen unilateral que, más que una evaluación, es un mensaje de control. No se castiga a Colombia por falta de resultados, se castiga a Petro porque incomoda a la Casa Blanca.
Rubio, con su dedo acusador, olvida mencionar que Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de cocaína del mundo.
Olvida también que en su país, en sus bancos y en su sistema financiero, se lava la mayor parte del dinero del narcotráfico.
¿Dónde están los mecanismos de control contra eso?
¿Dónde está la “certificación” para Estados Unidos?
Mientras tanto, la culpa se pone exclusivamente sobre los hombros de los campesinos colombianos, los mismos a los que quieren fumigar con glifosato, un veneno que la Corte Constitucional prohibió por sus efectos devastadores en la salud y en el medioambiente.
No es casual que sectores de la oposición en Colombia celebren la descertificación.
No lo hacen porque haya mejores resultados en la lucha antidrogas —no existen—, lo hacen porque ven en este castigo un arma política contra el gobierno. Como bien dicen los expertos, quien celebra esa medida no presume de eficacia, presume de estar arrodillado. Es la realidad del político que prefiere la sumisión a Washington antes que defender la soberanía de su país.
Lo que está en juego es mucho más grande que una lista o un informe de Estados Unidos.
Lo que está en juego es la capacidad de Colombia de decidir su propio camino. Ante esta descertificación abusiva, el país debe mirar hacia otros escenarios: fortalecer sus lazos con los BRICS, afianzar su relación con la Unión Europea y exigir compromisos reales a quienes son parte fundamental del problema. Que reduzcan su consumo, que refuercen sus controles financieros, que cooperen en la prevención y no solo en la represión.
La lucha contra las drogas sólo será sostenible con responsabilidad compartida.
Mientras Estados Unidos insista en usarla como látigo político, no habrá solución. La descertificación no es una herramienta técnica: es un grillete que pretende someter. Colombia tiene la obligación de romper ese molde y apostar por la soberanía, la dignidad y una estrategia integral que mire más allá de los dictados de Washington.
