En las últimas semanas, una fuerte controversia ha estallado dentro de las toldas progresistas en Colombia. Las congresistas Katherine Miranda y Cathy Juvinao, quienes en su momento se presentaron como defensoras de los intereses ciudadanos y de la transparencia política, hoy enfrentan duras críticas por parte de amplios sectores sociales, políticos y populares.
Sus actuaciones en el Congreso, particularmente frente a las reformas sociales impulsadas por el gobierno, han generado molestia y un profundo debate interno sobre el rumbo del progresismo en el país.
El malestar nace principalmente por lo que muchos consideran un juego político sucio y contradictorio. Aunque Miranda y Juvinao argumentan que están ejerciendo “oposición constructiva” y defendiendo los intereses de la ciudadanía, para gran parte de las bases progresistas su postura ha significado, en la práctica, un bloqueo sistemático a las principales reformas sociales que buscan beneficiar a las clases populares.
El primer gran choque: la reforma tributaria inicial
La controversia se remonta al debate de la primera reforma tributaria presentada por el gobierno, cuyo objetivo principal era incrementar los impuestos a las grandes fortunas y a las mega empresas extranjeras, con el fin de generar recursos para programas sociales, educación, salud y subsidios para las poblaciones más vulnerables.
Sorprendentemente, Katherine Miranda y Cathy Juvinao votaron en contra de varios de los artículos clave que afectaban directamente a los sectores más ricos del país.
Su postura provocó una fuerte reacción entre otros congresistas progresistas y organizaciones sociales, quienes consideraron que favorecieron a las élites económicas.
Sin embargo, la polémica no terminó allí. Tras ser derrotadas en la votación, ambas congresistas decidieron demandar la constitucionalidad de varios artículos aprobados, alegando supuestas inconsistencias técnicas y jurídicas.
Para sus críticos, esto fue interpretado como un intento de sabotaje al proyecto gubernamental.
La acusación de hipocresía y cinismo
La inconformidad creció aún más cuando, meses después, el gobierno anunció reducciones presupuestales en varias carteras debido a la falta de recursos derivados de los impuestos no aprobados. Paradójicamente, Miranda y Juvinao se mostraron indignadas por los recortes y criticaron al Ejecutivo por solicitar endeudamiento.
Para muchos sectores sociales, este comportamiento fue visto como hipócrita y cínico: primero votaron contra las medidas que habrían asegurado los ingresos, y luego reclamaron por las consecuencias de su propia decisión.
Un patrón de oposición repetitiva
La historia se repitió con una segunda reforma tributaria, también impulsada por el gobierno. Esta buscaba profundizar la política fiscal progresiva, gravando aún más a las megaempresas y destinando esos recursos a programas de vivienda, educación y apoyo a las comunidades rurales.
Una vez más, Miranda y Juvinao no solo se opusieron, sino que participaron activamente en el hundimiento de la propuesta. Ahora, frente a la nueva iniciativa de reforma tributaria, ambas congresistas han anunciado su rechazo desde el inicio, consolidando un patrón de oposición constante.
Un dolor de cabeza para las clases populares
El efecto acumulado de estas decisiones ha generado un enorme malestar entre las bases progresistas y, sobre todo, entre las clases populares que esperaban que estas reformas trajeran alivios económicos.
Diversos líderes sociales acusan a Miranda y Juvinao de entorpecer la transformación social que el gobierno ha prometido y de alinearse con los intereses de las élites bajo el discurso de la independencia política.
Mientras tanto, los sectores más conservadores celebran sus posturas, viendo en ellas una oportunidad para debilitar la agenda reformista. Esto ha generado tensiones internas dentro de la bancada progresista y ha abierto un debate sobre la coherencia ideológica de las congresistas.
El futuro político de Miranda y Juvinao
A medida que el gobierno prepara la presentación de su nueva reforma tributaria, la presión sobre Miranda y Juvinao aumenta. Para sus críticos, estas congresistas han pasado de ser referentes de la transparencia y la lucha contra la corrupción a convertirse en obstáculos para las transformaciones sociales.
Sin embargo, ellas defienden su postura, asegurando que su oposición es “responsable” y que buscan proteger a la ciudadanía de lo que consideran reformas mal diseñadas.
La polémica está lejos de terminar. El desenlace de esta confrontación marcará no solo el futuro político de ambas congresistas, sino también el rumbo del progresismo colombiano y la viabilidad de las reformas sociales que el gobierno considera fundamentales para combatir la desigualdad.
