En una sociedad democrática, la justicia no debe ser confundida con la impunidad ni con la persecución política. La justicia real, aquella que se ajusta a la ley y a los principios constitucionales, implica que todos, sin importar su poder o influencia, enfrenten las consecuencias de sus actos cuando estos son ilegales.
El caso de Álvaro Uribe Vélez no es una cuestión de venganza o de persecución, sino una afirmación de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera aquellos que han gobernado el país.
Es fundamental comprender que la justicia no es, ni debe ser, un medio para garantizar la impunidad de cualquier grupo político, mucho menos de los responsables de crímenes graves.
La justicia no se limita a proteger a los poderosos o a los influyentes, sino que tiene la misión de garantizar que los crímenes sean investigados y castigados. Esto, justamente, es lo que se está buscando con el proceso judicial que involucra al expresidente Uribe.
Las acusaciones contra Uribe son claras y deben ser comprendidas desde una perspectiva jurídica.
El expresidente fue encontrado culpable de haber cometido tres delitos graves, relacionados con su participación en la manipulación de testigos.
Estos crímenes, que no deben ser minimizados, son los que la justicia colombiana ha determinado que Uribe debe responder. Y no se trata de una cuestión de venganza política, como algunos han querido hacer creer. La justicia ha actuado, no en nombre de una ideología, sino en cumplimiento de la ley.
Es esencial señalar que este proceso judicial no es producto de una “persecución” política.
Fue Uribe quien, en 2012, acusó a Iván Cepeda de ser responsable de la manipulación de testigos, lo que resultó en una demanda por parte del expresidente hacia Cepeda, acusación que se demostró ser una maniobra para desviar la atención de sus propios actos ilícitos.
En 2020, durante el gobierno de Iván Duque, la Corte Suprema compulsó copias contra Uribe, lo que señala que no fue el gobierno de Gustavo Petro, sino durante el gobierno del propio Duque, que la Corte vio la necesidad de continuar con la investigación.
Violación a la soberanía judicial
Lo que debemos comprender es que recurrir a entidades externas, como Estados Unidos, con el fin de cuestionar o tumbar un fallo judicial que declara culpable a Uribe, es una violación a la soberanía judicial de Colombia.
La democracia no consiste en pedir intervención externa para alterar el curso de los procesos legales. De hecho, cuando se cuestiona un fallo judicial legítimo en nombre de intereses extranjeros, se está menospreciando la capacidad del Estado colombiano para administrar justicia de manera autónoma e independiente.
La justicia no es un favor, ni un acto de persecución.
La justicia es la aplicación rigurosa de la ley, sin importar el cargo o el poder que ostente una persona. Uribe, quien durante su gobierno debió ser un defensor del orden y la ley, ahora enfrenta las consecuencias de actos ilícitos que fueron cometidos bajo su administración.
La justicia no debe ser un campo de juego donde se defiendan intereses particulares, sino un mecanismo para equilibrar la balanza entre el poder y la impunidad.
Este proceso judicial no responde a una simple cuestión política.
La juez actuó de manera objetiva y basada en los hechos, despojando el caso de cualquier matiz de revancha política. Los delitos que se le imputan a Uribe son claros y verificables, y no deben ser desconocidos por quienes aún se aferran a la idea de que el expresidente es inocente.
En este momento crucial, es necesario que los ciudadanos, especialmente aquellos que simpatizan con el uribismo, comprendan que la justicia no es un acto de revancha o de persecución.
Es un acto de responsabilidad cívica, de rendición de cuentas, y de respeto al Estado de derecho. Si queremos una Colombia más justa y equitativa, debemos apoyarnos en la verdad, en los hechos, y en la ley, sin dejar que intereses particulares distorsionen el camino hacia la justicia.
