La multinacional española Keralty, propietaria de la EPS Sanitas en Colombia, se encuentra en el centro de una tormenta política, judicial y mediática que ha sacudido el sistema de salud del país.
Sanitas fue una de las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional por presuntas irregularidades financieras, pero un fallo controvertido de la Corte Constitucional ordenó levantar dicha intervención.
La Corte no cuestionó la legitimidad de las razones de fondo —como los problemas financieros y los incumplimientos graves con los usuarios—, sino que argumentó que hubo fallas de procedimiento que vulneraron el derecho al debido proceso de la EPS.
La indignación del presidente
Detrás de esta decisión judicial se esconde una crisis de confianza y legitimidad que ha indignado al propio presidente Gustavo Petro.
En una intervención pública, el mandatario afirmó que empresas como Keralty deberían ser sancionadas ejemplarmente, incluso expulsadas del país, por su supuesta participación en el financiamiento ilegal de campañas políticas en Colombia.
Según Petro, se trata de una violación directa a la ley que prohíbe a capitales extranjeros intervenir en procesos electorales nacionales.
El escándalo ha escalado debido a las cifras manejadas por la Contraloría General de la República, que reporta la pérdida de más de 30 billones de pesos colombianos en el sistema de salud.
Otras fuentes aseguran que la cifra real podría alcanzar los 100 billones, revelando una magnitud de corrupción impresionante en el sector. El foco de las acusaciones se centra en manejos financieros opacos y posibles delitos asociados con el desvío de recursos públicos destinados a la atención médica de millones de ciudadanos.
¿Cómo juegan con la norma?
Para evadir las restricciones legales, Keralty habría utilizado una empresa fachada de origen colombiano —pero de su propiedad— para canalizar los fondos hacia campañas políticas.
La excusa legal que esgrimen es que, al provenir de una empresa registrada en Colombia, no se trataría de capital extranjero. Sin embargo, diversos sectores consideran que esta maniobra no solo es inmoral, sino también ilegal, al violar el espíritu de la legislación que busca blindar el sistema democrático del país frente a intereses foráneos.
La situación se vuelve aún más tensa al considerar que, tras lograr el levantamiento de la intervención por fallas formales, Sanitas no ha resuelto los señalamientos de fondo: su crisis financiera, la falta de sostenibilidad fiscal, ni los altos niveles de quejas y reclamos de sus usuarios.
Ahora se hacen las victimas
A pesar de ello, Keralty se presenta ahora como víctima de persecución política y ha anunciado posibles demandas contra el presidente Petro y su equipo, alegando que sus declaraciones afectan la honra y el buen nombre de la multinacional.
Esta reacción ha generado aún más indignación en la opinión pública y entre los defensores de la salud pública en Colombia, quienes ven en estas acciones una muestra del enorme poder que ejercen las multinacionales sobre el sistema político, judicial y mediático del país.
Para muchos, es casi imposible hacer justicia cuando los intereses económicos de estos conglomerados se entrelazan con el poder político y los medios de comunicación.
El sufrimiento diario de las verdaderas víctimas
En medio de este panorama, queda en evidencia que el saqueo a la salud de los colombianos no solo se ha traducido en cifras alarmantes, sino también en el sufrimiento diario de millones de ciudadanos que no reciben una atención digna.
Mientras tanto, los responsables no solo siguen impunes, sino que además se atreven a desafiar al Estado colombiano desde su pedestal empresarial, exigiendo respeto y reparación por sentirse aludidos por las denuncias.
Irónicamente, quienes habrían cometido uno de los peores desfalcos a la salud nacional, ahora se presentan como víctimas.
