El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, ha sufrido un nuevo y contundente revés político, esta vez relacionado con la comercialización y distribución de licores en el departamento.
Después de un año de negativas por parte de la administración departamental y de una absurda y desgastante batalla jurídica para intentar recuperar la marca Licorera de Santander, la justicia y la institucionalidad han prevalecido.
Una victoria para los consumidores
La Empresa Licorera de Santander ha logrado finalmente la autorización para vender y distribuir sus productos en todo el departamento, lo que marca el esperado regreso del tradicional Aguardiente Superior a los estantes de la región.
Este hecho es considerado una victoria para los consumidores y una clara derrota para Juvenal Díaz, quien había insistido en una estrategia jurídica sin fundamento y carente de resultados.
Bajo el argumento de «recuperar» la marca y proteger la producción local, el gobernador bloqueó durante meses el ingreso de productos que cuentan con reconocimiento nacional y afectó indirectamente el acceso a un bien tradicional y cultural para muchos santandereanos.
En lugar de buscar acuerdos comerciales o fortalecer alianzas institucionales, el gobernador optó por la confrontación jurídica, demostrando una vez más su improvisación, prepotencia y falta de estrategia efectiva.
Su respuesta ante la incapacidad de recuperar la marca fue la creación de una nueva entidad estatal
La Empresa Santandereana de Licores, un organismo que nació en septiembre de 2024 con un capital de $7.600 millones, según una ordenanza aprobada por la Asamblea de Santander, dominada completamente por el oficialismo.
Esta nueva entidad fue anunciada con bombos y platillos como una promesa para impulsar la industria local, incluyendo compromisos —seguramente vacíos— con los cultivadores de caña de azúcar del sur del departamento.
Sin embargo, diez meses después de su creación, la empresa no ha mostrado ningún avance real.
Su gerente, quien recibe un salario mensual de 18 millones de pesos, no ha presentado hasta la fecha un plan de trabajo ni un informe que justifique el millonario gasto público. Tampoco hay claridad sobre su operatividad, metas comerciales o su viabilidad financiera, dejando un manto de duda y preocupación sobre el manejo de estos recursos públicos.
La situación dio un giro definitivo con el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirmó la libertad de comercialización de bebidas alcohólicas a nivel nacional.
Esto implica que ningún gobernador puede bloquear el ingreso de licores legalmente autorizados, como lo había intentado hacer Díaz Mateus. Esta decisión judicial no solo garantiza el regreso del Aguardiente Superior, sino que también salvaguarda los derechos de los consumidores y protege la libre competencia.
Vuelve el Aguardiente Superior
Además, la Licorera de Santander, fortalecida por este fallo, anunció no solo su regreso con el Aguardiente Superior, sino también la introducción de nuevos productos al mercado regional.
Esto supone un impulso positivo para la economía local, el comercio y el sector de distribución, además de devolverle a los santandereanos un producto tradicional que había sido vetado sin una justificación clara.
Así, mientras la administración departamental se enreda en promesas populistas y proyectos sin sustento, la realidad y la legalidad se imponen. El tiempo ha demostrado que la política de confrontación del gobernador Díaz Mateus no solo ha sido ineficaz, sino también perjudicial para el desarrollo del departamento.
Este episodio deja una lección clara
La improvisación y la politiquería no pueden imponerse sobre la ley ni sobre el bienestar de los ciudadanos. La recuperación del Aguardiente Superior es, sin duda, una victoria para Santander, más allá de colores políticos o intereses personales.
