
En Colombia se está librando una batalla frontal entre quienes convirtieron el sistema de salud en una máquina de enriquecimiento y quienes, como el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, se atrevieron a tocar sus intereses.
Lo que vemos hoy no es una crítica legítima basada en la preocupación por los pacientes, sino una ofensiva descarada de bodegas mediáticas, políticos reciclados y sectores económicos que perdieron el control de un negocio multimillonario.
Durante más de 30 años, las EPS funcionaron como un sistema de intermediación en el que la salud era lo de menos.
Mientras los hospitales públicos se caían a pedazos, y cientos de pacientes morían esperando una cita o un procedimiento, los dueños de algunas EPS acumulaban propiedades de miles de millones y financiaban campañas políticas.
No era un sistema de salud
Era una estructura para extraer recursos públicos y privatizarlos sin control. Y cuando alguien como Jaramillo aparece a cambiar las reglas del juego, la reacción es feroz.
La furia de quienes hoy atacan al ministro no es ideológica ni técnica: es económica. Les dolió que alguien finalmente les cerrara el chorro.
El mismo que les permitió vivir como reyes mientras millones de colombianos sufrían en filas eternas, hospitales desabastecidos y tratamientos negados.
Les molesta que, por primera vez, se hable en serio de pagar directamente a los hospitales, de eliminar la intermediación corrupta y de fortalecer la atención primaria en zonas rurales olvidadas por décadas.
Los medios tradicionales, cómplices por omisión o por interés, guardaron silencio durante años.
¿Dónde estaban cuando se robaron Saludcoop y demás EPS?
¿Por qué no encendieron las alarmas cuando EPS quebraban sin pagarle a los hospitales?
Hoy, esos mismos medios pretenden posicionarse como defensores de los pacientes, pero su verdadero interés es sostener el modelo que les garantizaba pauta, favores y silencio.
El ministro Jaramillo no está destruyendo el sistema, está operando un cadáver putrefacto que los gobiernos anteriores dejaron sin alma ni ética.
Y no lo hace con ánimo de venganza, sino con sentido de urgencia y responsabilidad.
Está enfrentando a una mafia disfrazada de técnicos, que durante décadas nos hizo creer que teníamos el mejor sistema del mundo, cuando en realidad vivíamos atrapados en una red de corrupción legalizada.
Quienes hoy lo acusan de improvisar o politizar la salud son los mismos que callaron cuando las EPS se llevaban el dinero de la salud a paraísos fiscales.
Son los mismos que se arrodillaban ante los intereses privados, mientras los hospitales públicos cerraban por falta de insumos. Su rabia no es por el sistema de salud: es por el negocio que ya no controlan.
Por eso debemos ser claros
No traguemos entero. Esta no es una discusión técnica ni sanitaria, es una disputa entre los que defendemos la vida y los que defienden sus privilegios. El ataque contra Jaramillo es el último intento de los saqueadores por recuperar lo que el pueblo les quitó. Pero no podrán.
El pueblo colombiano ya abrió los ojos. Apoya a quien no se vendió. A quien, con errores o aciertos, está del lado de los pacientes y no de las EPS. A quien se atrevió a poner la salud por encima del lucro.
Hoy más que nunca, toda la defensa al ministro Jaramillo. Porque mientras ellos ladran, él sigue salvando vidas.