El excanciller, según unos audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que ha tenido acceso el medio El País América, recababa apoyos para hacer caer al presidente de Colombia y colocar en su lugar a Francia Márquez
El reciente artículo publicado por El País América y difundido por W Radio ha causado una profunda conmoción en la opinión pública colombiana.
Según el contenido revelado, se estaría confirmando la existencia de un intento de golpe de Estado blando o institucional contra el presidente Gustavo Petro, orquestado —al menos en parte— por el excanciller Álvaro Leyva Durán.
Serios cuestionamientos sobre la cobertura mediática
Esta revelación no sólo pone en entredicho a varios actores políticos y gremiales, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre la cobertura mediática, la transparencia institucional y la salud de la democracia en Colombia.
Lo que antes fue calificado como una “paranoia presidencial” o “delirios conspirativos” ahora se presenta como una amenaza concreta y documentada.
El artículo señala que Leyva habría adelantado conversaciones con diversos actores del poder —incluidos representantes de gremios económicos y políticos internacionales como el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart— en las que supuestamente se discutían alternativas para la salida del presidente Petro del poder.
Esto, de comprobarse, constituiría un acto de sedición, es decir, un atentado directo contra el orden constitucional y democrático.
Más preocupante aún es el silencio cómplice de muchos de los implicados o informados.
¿Por qué gremios, líderes políticos y figuras del gobierno no denunciaron estos hechos cuando ocurrieron?
¿Por qué hasta ahora comienza a salir a la luz un escándalo de tal magnitud, y solo en medios selectos como W Radio, mientras la mayoría de los grandes portales y noticieros guardan silencio?
La falta de cobertura por parte de la prensa tradicional alimenta sospechas de encubrimiento, sesgo político o incluso complicidad institucional.
El papel de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, también ha sido puesto bajo escrutinio, al ser mencionada en el contexto de estos hechos.
Traición a la Patria
De ser cierto, tanto ella como otros actores cercanos a las conversaciones deben dar explicaciones claras al país. No se trata solo de un posible delito, sino de una profunda traición a la patria, una ruptura del compromiso democrático que cada funcionario jura defender.
A esto se suma la conducta de Álvaro Leyva, quien hasta hace poco gozaba de una reputación de “hombre impoluto”, un diplomático respetado y figura clave en el proceso de paz.
Las cartas públicas que difundía, sus críticas constantes al gobierno del que hizo parte, y su narrativa de guardianía ética hoy parecen más bien piezas de una estrategia articulada para debilitar al presidente y minar la confianza ciudadana en el Ejecutivo.
Este escándalo también deja al descubierto la existencia de una campaña estructurada y planificada para erosionar el proyecto político de Petro, tal vez incluso antes de su elección.
No se trata solo de una oposición legítima, sino del uso de medios ilegítimos y antidemocráticos para alterar el curso constitucional. Las recientes maniobras políticas, declaraciones públicas y filtraciones parecen responder a un libreto cuidadosamente preparado.
A rendir cuentas
En este contexto, es imperativo exigir rendición de cuentas. Álvaro Leyva debe comparecer ante la justicia, y si las acusaciones se comprueban, debe ser juzgado por sedición.
El país no puede tolerar que se juegue con su democracia desde las sombras, y mucho menos por parte de quienes han ocupado cargos de altísima responsabilidad.
Colombia ha vivido suficientes heridas históricas como para permitir que sus instituciones vuelvan a ser utilizadas para fines golpistas. Lo que se necesita ahora es verdad, justicia y firmeza para proteger la voluntad popular expresada en las urnas.
Y también, una prensa valiente que no tema destapar la verdad, aunque moleste a los poderosos.
