En una jornada marcada por el sensacionalismo mediático y la instrumentalización política, el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay se convirtió en el eje de una narrativa que muchos analistas han catalogado como oportunista y desproporcionada.
Lejos de un análisis objetivo o de una cobertura sobria, los medios tradicionales amplificaron los hechos en un espectáculo donde los precandidatos opositores al gobierno de Gustavo Petro no perdieron ocasión para desfilar frente a las cámaras y en las instalaciones de la Clínica Santa Fe, en un acto que se percibió menos como solidaridad y más como proselitismo.
Más de 20 precandidatos presidenciales, todos con posturas críticas frente al actual gobierno, aprovecharon el momento para mostrarse visitando la clínica, como si la imagen – en directo por televisión nacional – visitando al político herido, les transfiriera capital simbólico o los conectara con una causa democrática que, en sus propias palabras, está “en riesgo”.
Miguel Uribe fue elevado mediáticamente a la categoría de mártir, mientras los medios tradicionales multiplicaban el cubrimiento y las redes sociales se inundaban con mensajes emotivos, pero cargados de intereses políticos apenas disimulados.
Las demandas
En medio de esta lluvia de mensajes, emergió una “lluvia de demandas”, como lo denominaron observadores independientes. La primera fue la que interpuso un abogado cercano al senador Uribe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
En ella se acusa al presidente Petro de haber incitado el atentado mediante 40 publicaciones en la red social X (antes Twitter), las cuales respondían a más de 80 mensajes hostiles publicados previamente por el propio Uribe.
La demanda, que no presenta ninguna prueba distinta a las publicaciones en redes sociales, fue inmediatamente respaldada por los grandes medios y los sectores más conservadores del país. Sin embargo, el vacío probatorio de la acusación es evidente.
La demanda de los sindicatos
Paradójicamente, mientras la demanda contra el presidente se cubría con lujo de detalles y sin cuestionamientos, otra acción legal fue atacada por los medios o fue abiertamente despreciada por los mismos actores.
Una demanda interpuesta por sindicatos del Ministerio de Defensa contra el senador Uribe, acusándolo de violar la ley electoral al realizar campaña política anticipada. Esta acción fue presentada después del atentado, aunque previamente ya miembros de su propio partido, el Centro Democrático, habían advertido públicamente sobre estos excesos.
La doble vara no se hizo esperar.
Mientras la demanda contra Petro fue calificada por los medios como “valiente” y “necesaria para preservar la democracia”, la demanda contra Miguel Uribe fue tildada de “temeraria, reprochable y perversa” por su partido y sus aliados mediáticos.
Las denuncias previas de sus colegas sobre irregularidades electorales se desvanecieron tras el atentado, como si este hubiera purgado todas sus faltas anteriores. Lo que antes era motivo de alarma dentro del mismo Centro Democrático, ahora es silenciado por conveniencia política.
Un atentado explotado para sacar rédito político
Este episodio revela cómo un hecho grave como un atentado, que debería unir al país en torno a la defensa de la vida y el respeto por la institucionalidad, termina siendo explotado para sacar rédito político y acallar críticas internas.
El agonizante senador Uribe, víctima de un ataque condenable, ha sido también actor de una estrategia donde la victimización y el uso desmedido de la justicia como herramienta política profundizan aún más la polarización nacional.
El uso político del atentado ha dejado al descubierto la fragilidad del debate público colombiano, donde la búsqueda de verdad y justicia cede ante la estrategia mediática y el cálculo electoral.
