En Bogotá, una nueva tormenta política y ciudadana se desató tras conocerse que el alcalde Carlos Fernando Galán decidió no sancionar al concesionario responsable del Intercambiador Vial de la Calle 72, a pesar de los 2 años y 4 meses de retraso en la entrega de la obra y seis incumplimientos en las fechas pactadas.
La sanción, de más de 6.400 millones de pesos, fue deliberadamente omitida por la administración, argumentando supuestos factores técnicos y jurídicos. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía ha sido visceral y masiva: ¿por qué se perdona a los grandes contratistas, mientras el ciudadano común es perseguido hasta por una multa de tránsito?
Las redes sociales no tardaron en explotar con un tono de indignación y sarcasmo.
“Esto sólo pasa en la Bogotá de Peñalosa, Claudia López y Carlos Fernando Galán”, se leía en múltiples comentarios acompañados del ya viral hashtag #FueraGalán.
Pero más allá del desahogo digital, lo que surgió fue un debate profundo y ácido sobre la doble moral de las élites políticas, especialmente de aquellas identificadas con la derecha tecnocrática y supuestamente meritocrática de Colombia.
Entre los comentarios más punzantes que circularon, uno de los más compartidos preguntaba:
¿Qué dirá ahora el ‘genio’ José Mauricio Gaona desde su púlpito constitucionalista?
¿Habrá precedentes en la Supreme Court of the United States o en la ley francesa que justifiquen esta indulgencia?
La pregunta, aunque sarcástica, toca una fibra importante del panorama jurídico y político actual. Gaona, abogado colombiano con formación en el exterior, se ha consolidado en medios como una figura intelectual de la derecha.
Recientemente protagonizó un acalorado debate jurídico con el exfiscal y ahora ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, en torno a un decreto presidencial que buscaba convocar una consulta popular para recuperar beneficios laborales eliminados durante el gobierno de Álvaro Uribe. Montealegre lo defendía como un ejercicio democrático; Gaona lo calificó de inconstitucional.
Mientras Montealegre advertía un bloqueo institucional desde el Congreso dominado por intereses conservadores, Gaona respondía que se trataba simplemente de oposición democrática.
La paradoja se hace evidente
Cuando se bloquea una consulta que podría devolver derechos a los trabajadores, es “oposición”; cuando no se sanciona a una gran empresa por fallas graves, es “seguridad jurídica para la inversión”.
La pregunta incómoda permanece:
¿Qué justificación jurídica tiene perdonar al concesionario cuando es evidente el perjuicio al patrimonio público?
¿Dónde queda el principio de equidad ante la ley?
En países como Francia, por ejemplo, el Consejo de Estado ha establecido la obligación del Estado de proteger el interés general en contratos públicos, y en EE.UU., la Corte Suprema ha señalado que los gobiernos locales tienen el deber de evitar arbitrariedades en el manejo de fondos públicos.
Bajo esos precedentes, la omisión de Galán parecería, cuanto menos, reprochable desde una perspectiva de ética administrativa.
El silencio de voces jurídicas como la de Gaona sobre este caso es ensordecedor.
Si en nombre del “orden constitucional” se puede impedir una consulta para devolver beneficios laborales, ¿no debería también exigirse responsabilidad cuando un gobierno local omite sancionar a un contratista por más de dos años de retraso?
La ciudadanía parece tener claro que la concesión sin sanción no solo representa un detrimento patrimonial, sino una afrenta moral en una ciudad donde la desigualdad y la informalidad laboral son la norma.
Más allá del debate jurídico, lo que queda al descubierto es un modelo de poder que castiga al débil y protege al fuerte.
El caso Galán no es solo una polémica de redes. Es el reflejo de una Colombia que aún no ha decidido si quiere ser un país de derechos o de privilegios. Y esa decisión, más temprano que tarde, será política… y electoral.
