En medio del doloroso y condenable atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que sacudió la opinión pública nacional, se ha puesto en evidencia una realidad incómoda: la profunda desigualdad en el acceso a los servicios de salud en Colombia.
Mientras millones de ciudadanos padecen diariamente las consecuencias de un sistema de salud colapsado, recortado y con barreras de acceso, el senador Uribe, opositor férreo de la reforma a la salud que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha recibido una atención médica de primera categoría, sin restricciones, sin negaciones de servicio, sin filas interminables.
El caso de Miguel Uribe obliga a reflexionar
El caso de Miguel Uribe obliga a reflexionar sobre cuál es exactamente la EPS o el plan que le garantiza estos privilegios, y qué se requiere para que cualquier colombiano —sin importar su clase social o filiación política— pueda acceder al mismo nivel de atención.
¿Por qué razón solo unos pocos gozan de una cobertura total, sin trabas ni dilaciones, mientras el resto debe enfrentarse a tutelas, largas listas de espera, medicamentos negados y atención deficiente?
La ironía es brutal: aquellos que se oponen con vehemencia a una reforma estructural del sistema de salud —como el mismo Uribe y varios de sus colegas en el Congreso— son quienes menos sufren sus fallas.
Ellos tienen pólizas privadas, EPS que sí responden, atención preferencial. No conocen lo que es pasar horas en urgencias, ni lo que implica que le aplacen una cirugía tres veces, ni tener que luchar para obtener un medicamento vital.
Pero más allá del privilegio individual, lo realmente grave es que esta élite, que sí tiene acceso a una atención integral y eficiente, sea la que bloquee sistemáticamente cualquier intento de cambio.
Se oponen a las reformas y a la Consulta Popular
Se oponen a la reforma a la salud con el argumento de que destruirá lo que “funciona”, cuando para la mayoría no funciona absolutamente nada.
Y ahora, tras el ataque a Uribe, utilizan esta tragedia para rechazar también la Consulta Popular propuesta por el gobierno Petro, una herramienta democrática que busca recoger la voz del pueblo sobre temas tan sensibles como la salud y los derechos laborales.
La Consulta, que pretende corregir fallas estructurales del sistema y recuperar beneficios perdidos para trabajadores de la salud y pacientes, está siendo deslegitimada por los mismos que gozan de un modelo de salud que solo sirve para unos pocos. ¿Es justo que los que tienen acceso a clínicas de élite, médicos especializados y tratamientos sin barreras decidan por aquellos que no tienen nada de eso?
Resulta lamentable y hasta ruin que, en medio de esta crisis, sectores políticos aprovechen la atención nacional sobre la situación de Uribe para frenar una iniciativa que podría mejorar la vida de millones.
Piden oración para su pronta recuperación
Resulta también profundamente contradictorio pedir oraciones por su recuperación, mientras se le niega al pueblo la posibilidad de opinar democráticamente sobre cómo mejorar el sistema que los atiende.
La vida de Miguel Uribe, como la de cualquier ciudadano, debe ser protegida, valorada y cuidada. Nadie merece pasar por lo que él vivió. Pero su caso no puede seguir siendo la excepción que confirma la regla.
Este episodio debe ser una oportunidad para abrir los ojos y preguntarnos: ¿por qué solo unos pocos acceden a una salud digna? ¿Y por qué quienes sí la tienen se oponen a que los demás la consigan?
Lo mínimo que podría nacer de esta tragedia sería un compromiso genuino, desde todos los sectores, por una salud pública verdaderamente universal, equitativa y solidaria. Porque la salud no puede seguir siendo un privilegio de clase. Debe ser un derecho, sin excepciones.
