En un hecho sin precedentes en la historia política reciente de Colombia, nueve partidos de oposición e independientes anunciaron que no reconocen al presidente Gustavo Petro ni al ministro del Interior, Armando Benedetti, como garantes del proceso electoral.
Como consecuencia, estos sectores políticos se niegan a participar en la Comisión de Seguimiento Electoral convocada por el Gobierno Nacional. En su lugar, solicitarán al procurador Gregorio Eljach que convoque la Comisión de Garantías Electorales, la cual estaría presidida por dicha entidad.
Este anuncio ha generado una fuerte polémica nacional.
Diversos sectores ciudadanos e institucionales han señalado que esta postura de la oposición constituye una ruptura institucional grave, ya que Petro fue elegido mediante votación popular y legal, con la legitimidad democrática que ello implica.
Negarse a reconocer al presidente y al ministro del Interior como garantes del proceso electoral es, para muchos, una forma de sabotaje político que podría estar abonando el terreno para un golpe institucional disfrazado de legalismo.
La situación se torna aún más crítica al considerar el contexto político actual.
La oposición ha aprovechado el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para intensificar sus ataques contra el Gobierno. Aunque se trata de un hecho lamentable y condenable desde cualquier punto de vista, para muchos ciudadanos ha sido evidente el uso político que ciertos sectores han hecho del atentado.
Acusan a la oposición de instrumentalizar el dolor para frenar las reformas sociales y la consulta popular que impulsa el presidente Petro, iniciativas que buscan recuperar derechos laborales y sociales que fueron cercenados durante gobiernos anteriores.
La respuesta ciudadana ante este nuevo episodio de confrontación no se ha hecho esperar.
Numerosos colectivos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos comunes han expresado su indignación ante lo que consideran una estrategia desesperada de los partidos tradicionales por aferrarse al poder y evitar que el pueblo recupere su voz.
Las redes sociales han sido escenario de una oleada de mensajes de apoyo al presidente Petro, quien ha insistido en el diálogo y la búsqueda de salidas democráticas al conflicto social y político que atraviesa el país.
«El show político de los partidos tradicionales quedará en la historia como una demostración de su mezquindad«, expresan algunos ciudadanos.
«El presidente los llamó al diálogo para enfrentar la violencia y construir país, pero prefirieron seguir sentados en sus cómodos sillones elitistas, movidos por el odio a Petro y al pueblo«.
Estas voces reflejan una creciente desconexión entre los partidos de oposición y una buena parte del pueblo colombiano, especialmente el más pobre y excluido.
Una amenaza directa a la institucionalidad
No reconocer al presidente de la República, en un régimen presidencialista como el colombiano, no es solo una afrenta política: es una amenaza directa a la institucionalidad y la democracia.
¿Quién les dio ese poder a los partidos de oposición para desconocer al jefe de Estado elegido por el pueblo?
¿Con qué autoridad moral y legal lo hacen? Son preguntas que resuenan con fuerza en la opinión pública.
La negativa a participar en la Comisión de Seguimiento Electoral también ha sido interpretada como una estrategia peligrosa.
En lugar de aportar a la transparencia del proceso, la oposición parece estar retirándose deliberadamente para luego deslegitimar las decisiones y resultados. Es una jugada que preocupa, porque alienta la desconfianza y erosiona las bases democráticas.
Colombia atraviesa una etapa decisiva.
La polarización política, los intereses económicos de las élites y las heridas históricas de desigualdad y violencia aún abiertas, exigen responsabilidad y altura política.
Más que nunca, el país necesita líderes comprometidos con el diálogo, la justicia social y la defensa de la voluntad popular, no con sabotajes disfrazados de formalismos institucionales.
