La imagen reputacional de Ecopetrol S.A., reconocida como la empresa más importante y estratégica de los colombianos, se encuentra actualmente bajo una intensa presión debido a los serios señalamientos contra Alberto José Vergara, Director de Ética y Cumplimiento de la compañía.
Las actuaciones del alto funcionario, que han sido de público conocimiento en los últimos días, han suscitado una profunda preocupación en distintos sectores, incluyendo a los trabajadores organizados en la Unión Sindical Obrera (USO), quienes han solicitado de manera firme su salida inmediata del cargo.
Los hechos fueron revelados tras una auditoría especial llevada a cabo por el área de Auditoría Interna de Ecopetrol.
El informe resultante, según fuentes cercanas, detalla una serie de comportamientos y decisiones del Director de Ética que contravienen los principios que justamente está llamado a proteger: la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo dentro de la organización.
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Este informe fue presentado oportunamente al Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva (CAUD), el órgano encargado de supervisar y recomendar acciones ante hallazgos de esta naturaleza.
Sin embargo, hasta la fecha, no se ha tomado una decisión visible ni se han emitido declaraciones oficiales sobre el proceder del funcionario en cuestión.
Este silencio ha sido interpretado por varios sectores como una muestra de inacción o falta de compromiso con la ética empresarial, lo que profundiza el daño reputacional que ya enfrenta la compañía.
Desde la USO, organización sindical con larga trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores del sector petrolero y en la vigilancia del buen gobierno corporativo en Ecopetrol, se ha elevado una exigencia clara: la destitución inmediata de Alberto José Vergara.
Según el sindicato, mantener en su cargo a un funcionario cuestionado precisamente en el área que debe velar por la ética y la transparencia interna, constituye un mensaje contradictorio y perjudicial tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general.
La USO ha señalado que esta situación no solo pone en entredicho los valores corporativos de Ecopetrol, sino que también mina la confianza del público, los inversionistas y otras partes interesadas.
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En un contexto donde la sostenibilidad reputacional es clave para cualquier empresa, especialmente una de carácter mixto y con alta visibilidad pública, el manejo de estas denuncias se vuelve crucial.
Asimismo, analistas del sector coinciden en que la demora en la toma de decisiones por parte del CAUD podría interpretarse como falta de voluntad política para asumir una postura firme frente a la ética institucional.
La falta de respuesta clara también podría desencadenar impactos negativos en los indicadores de percepción de riesgo, valor en bolsa y relaciones con socios estratégicos.
Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el funcionamiento del sistema de control interno en Ecopetrol y sobre el verdadero peso que tienen las denuncias internas y auditorías en la toma de decisiones de alto nivel.
En la práctica, pone sobre la mesa la necesidad de revisar los protocolos de respuesta ante hallazgos de esta magnitud y la urgencia de garantizar que la ética no sea solo un discurso, sino una práctica transversal y verificable en toda la organización.
Por ahora, la USO mantiene su posición firme y advierte que de no tomarse decisiones inmediatas, se valorarán nuevas acciones para defender el buen nombre de Ecopetrol y preservar la integridad institucional de la empresa más emblemática del país.
