Luego del imprudente anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el que expresó que la Alcaldía contempla la posibilidad de denunciar el presunto reclutamiento de menores por parte de la comunidad Emberá asentada en el Parque Nacional, se desató una oleada de reacciones de rechazo e indignación por parte de diversos sectores sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.
Las declaraciones del alcalde fueron percibidas no solo como una acusación infundada, sino también como un acto de profundo desconocimiento cultural y de racismo institucional.
El señalamiento hacia la comunidad Emberá por supuestamente involucrar a menores en actividades “militares” dentro de la Guardia Indígena desconoce completamente el sentido y la función de esta estructura dentro de los pueblos indígenas.
Los niños Emberá que hacen parte de la Guardia Indígena no están siendo reclutados para la guerra ni para portar armas.
Su participación se enmarca dentro de un proceso formativo y pedagógico centrado en el valor del territorio, la identidad y la autonomía cultural. Lejos de representar una práctica violatoria de derechos, se trata de un acto legítimo de afirmación cultural, parte esencial del proceso de fortalecimiento comunitario y de recuperación del tejido social en contextos de desplazamiento y marginación.
Las declaraciones del alcalde Galán resultan especialmente graves en un contexto donde la comunidad Emberá ya ha sido históricamente desplazada, discriminada y excluida.
El Parque Nacional, si bien no es su territorio ancestral ni un espacio adecuado para su asentamiento permanente, ha sido una de las pocas opciones que han encontrado ante el abandono institucional.
En vez de responder con empatía, acompañamiento y soluciones estructurales, la administración de Bogotá opta por una narrativa de criminalización que niega la complejidad del conflicto y agrava aún más la vulnerabilidad de esta población.
Estigmatizar al pueblo Emberá
Estigmatizar al pueblo Emberá como si se tratara de un grupo armado o como si sus prácticas culturales fueran delitos constituye una grave violación a los principios de protección diferencial que establece la Constitución Política de Colombia.
Como sujetos de especial protección, los pueblos indígenas deben ser tratados con respeto, atendiendo a sus particularidades culturales y reconociendo sus derechos colectivos. El uso del derecho penal en este contexto resulta no sólo inadecuado, sino profundamente deshumanizante.
Equipo jurídico que los acompañe
Frente a esta situación, distintas voces han planteado la necesidad de organizar un equipo jurídico que acompañe a la comunidad Emberá en la defensa de sus derechos y en la denuncia del racismo institucional de la actual administración de Bogotá.
La opinión pública no puede ser indiferente ante una campaña de estigmatización que pone en riesgo la vida y la dignidad de toda una comunidad.
El alcalde Galán ha demostrado con estas declaraciones una preocupante falta de sensibilidad frente al tema étnico, y una transgresión clara de su deber constitucional como garante de los derechos fundamentales.
Su actitud refuerza prejuicios y contribuye a profundizar la exclusión, cuando lo que se necesita con urgencia es comprensión, diálogo y políticas públicas interculturales que atiendan de manera integral a las comunidades desplazadas.
En lugar de criminalizar la cultura, las instituciones deben apostar por el reconocimiento.
Los Emberá no son delincuentes ni reclutadores de menores; son un pueblo indígena con historia, con saberes y con derechos. Ante su dolor, desplazamiento y marginación, la única respuesta legítima es la solidaridad, no la persecución.
¿Hasta cuándo seguiremos confundiendo autoridad con represión, y seguridad con estigmatización?
