Choque político por recursos de la Consulta Popular: Ministro de minas y energía Edwin Palma responde con firmeza a propuesta del senador Efraín Cepeda de subsidiar Air-e con recursos de la Consulta Popular.
Un nuevo episodio de tensión política se vivió en Colombia luego de que el senador conservador Efraín Cepeda, actual presidente del Senado, propusiera destinar los recursos destinados a la Consulta Popular —impulsada por sectores progresistas y sociales para devolver derechos laborales a los trabajadores— a cubrir los subsidios de energía de la empresa privada Air-e, cuestionada por sus elevadas tarifas y deficiente servicio en la región Caribe del país.
Rechazo del gobierno nacional
La propuesta del senador Cepeda generó un inmediato rechazo desde el Gobierno nacional, en particular por parte del ministro Edwin Palma, quien no tardó en responder públicamente a través de sus redes sociales y medios de comunicación.
En su declaración, Palma recordó que fue precisamente durante gobiernos de derecha, como el del expresidente Iván Duque, cuando se consolidó la crisis energética que hoy afecta a millones de costeños, debido a políticas que beneficiaron a empresas privadas en detrimento del bienestar ciudadano.
“Senador, ustedes fueron los responsables de la crisis de Air-e. Entregaron billones de pesos a unos privados sin resultados, hundieron la ley de financiamiento para ahorcar a los usuarios con el cargo de la opción tarifaria que generó el Gobierno Duque y ahora quieren callar al pueblo”, expresó Palma con firmeza.
Motivos de la consulta popular
La Consulta Popular, que ha venido siendo promovida por sindicatos, organizaciones sociales y partidos afines al actual gobierno, busca reversar reformas laborales pasadas que eliminaron derechos conquistados por los trabajadores.
Su realización representa una apuesta democrática para que la ciudadanía decida sobre temas que han sido históricamente bloqueados por mayorías legislativas afines a sectores empresariales y conservadores.
No obstante, la propuesta de Cepeda, en la que plantea destinar esos recursos a mitigar el impacto de las tarifas energéticas que afectan a los habitantes del Caribe, ha sido interpretada por algunos como una maniobra para evitar que la Consulta se lleve a cabo.
Otros, en cambio, la consideran un intento por desviar la atención pública de las responsabilidades que actores políticos tradicionales tienen en la crisis del sector eléctrico.
Air-e, empresa que asumió parte del servicio energético tras la liquidación de Electricaribe, ha sido duramente criticada por usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes aseguran que las facturas mensuales son impagables y que la calidad del servicio no ha mejorado sustancialmente pese a las millonarias inversiones estatales canalizadas a través de subsidios y garantías durante los últimos años.
¿Cuál es el debate de fondo?
El debate de fondo no sólo gira en torno al destino de los recursos de la Consulta Popular, sino al modelo de prestación de servicios públicos en Colombia, en el que la participación privada ha sido predominante, muchas veces con escasa regulación efectiva y con costos desproporcionados para los usuarios.
En este contexto, la respuesta del ministro Palma pone sobre la mesa la necesidad de revisar la política energética del país y, especialmente, los efectos que ha tenido la llamada “opción tarifaria”, una medida adoptada en medio de la pandemia por el gobierno Duque que permitió diferir pagos de energía a los usuarios, pero que hoy representa una pesada carga financiera.
Por ahora, la controversia continúa.
Sectores progresistas insisten en que frenar la Consulta sería un golpe a la participación popular y una negación del derecho ciudadano a decidir sobre asuntos fundamentales. Mientras tanto, en la Costa Atlántica, miles de familias siguen esperando alivios concretos frente a las tarifas que los tienen al borde de la asfixia económica.
¿Debe priorizarse la voz del pueblo o el subsidio a una empresa privada cuestionada? La discusión apenas comienza, pero evidencia el choque entre dos visiones de país que siguen sin reconciliarse.
