Durante el periodo de gobierno del exalcalde Alfonso Eljach en Barrancabermeja, se realizaron múltiples obras públicas que, lejos de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, han terminado por levantar serios cuestionamientos sobre su legalidad, efectividad y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Una de las denuncias más graves tiene que ver con la ejecución de proyectos en zonas de alto riesgo, en clara contravención a las leyes colombianas que prohíben este tipo de inversiones. A pesar de ello, en su momento ningún ente de control —ni el Consejo Distrital, ni la Procuraduría, ni la Contraloría— intervino o alzó la voz para frenar estas irregularidades.
Hoy, veedores ciudadanos preocupados por el bienestar de Barrancabermeja, hacen un llamado urgente a que se investigue a fondo esta aparente omisión institucional, y que los responsables respondan ante la justicia.
La incompetencia no puede seguir siendo tolerada, mucho menos cuando compromete la seguridad, la legalidad y el patrimonio público. La ley debe aplicarse por igual, sin importar el cargo o la influencia política que tenga el implicado.
Distrito Malecón
Uno de los casos más preocupantes tiene que ver con el megaproyecto “Distrito Malecón”, promovido por la Alcaldía durante el mandato de Eljach. Como parte de esta iniciativa, la empresa Aguas de Barrancabermeja invirtió miles de millones de pesos en la renovación del sistema de acueducto y alcantarillado en la zona comercial de la ciudad.
Aunque en papel la propuesta prometía una transformación urbana, la realidad es otra: las inundaciones no sólo no cesaron, sino que, según denuncias de la comunidad, la situación ha empeorado significativamente tras la ejecución de las obras.
Esta es una prueba más del divorcio entre la planeación técnica y la ejecución real de los recursos. La comunidad ha manifestado su descontento y frustración, pues ven cómo su entorno empeora mientras las autoridades responsables brillan por su ausencia.
¿Quién responde por estos fracasos técnicos y administrativos?
El panorama se torna aún más oscuro al conocer que Santiago Rangel, contratista cuestionado por varias de las obras ejecutadas durante el gobierno de Eljach, hoy maneja contratos millonarios con el Instituto para el Deporte y la Recreación de Barrancabermeja (Inderba), bajo la administración de Henry Correa ahora con el alcalde Jonathan Vásquez.
No solo se repite el patrón de contratación con actores polémicos, sino que, además, se habla de millonarias adiciones a estos contratos, lo que despierta serias dudas sobre la transparencia en los procesos actuales.
Este reciclaje de contratistas cuestionados pone en evidencia una peligrosa continuidad de intereses entre gobiernos.
Alfonso Eljach y Jonathan Vásquez, a pesar de posar como antagónicos, parecen formar parte de una misma línea política que busca perpetuarse en el poder a través del control de contratos públicos, promesas incumplidas y manipulación de la opinión ciudadana.
En lugar de corregir los errores del pasado, los actuales gobernantes los están replicando.
El caso del muelle de Barrancabermeja es un triste símbolo de esta realidad: una obra inconclusa y mal ejecutada que representa el abandono, la improvisación y la falta de visión de quienes han dirigido el destino del municipio.
Es el reflejo de gobernantes que, en lugar de servir al pueblo, utilizan el poder como trampolín para intereses personales y económicos.
Por todo esto, se hace necesario que los organismos de control actúen con diligencia y compromiso. La ciudadanía exige justicia, transparencia y un alto definitivo a las prácticas que tanto daño le han hecho a Barrancabermeja. Basta ya de corrupción, de contratos amañados y de gobernantes que se creen intocables. Es momento de investigar, juzgar y castigar a los responsables.
