El contrato para pavimentar el corredor entre Jesús María y Florián en la provincia de Vélez fue adjudicado a una unión temporal de empresas liderada por Jorge Argüello, alias «El Bachiller«, durante el gobierno de Mauricio Aguilar.
Este proyecto, valorado en 54 mil millones de pesos, busca mejorar la conectividad hacia el atractivo turístico Ventanas de Tisquizoque. Sin embargo, su ejecución ha generado controversia debido a la falta de avances significativos en la obra.
El representante a la Cámara, Cristian Avendaño, ha denunciado el lento progreso de la obra, lo que ha generado preocupación entre la comunidad local que espera mejoras en la infraestructura vial.
La falta de transparencia y eficiencia en la ejecución del contrato ha aumentado las críticas hacia la gestión del gobierno de Mauricio Aguilar.
“El Bachiller” en problemas
Jorge Argüello, conocido como «El Bachiller«, enfrenta cuestionamientos por supuestos nexos con grupos ilegales y presunta financiación de campañas políticas en varios municipios de Santander entre los que se destaca Barrancabermeja.
Su inclusión en listados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sugiere posibles vínculos con estructuras armadas ilegales, lo que plantea interrogantes sobre la idoneidad de su empresa para recibir contratos públicos.
La adjudicación de este contrato ha generado un debate sobre la transparencia y la legalidad en la contratación pública en el departamento de Santander.
La comunidad y los órganos de control esperan que se investiguen a fondo las denuncias sobre posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato.
Además, surge la preocupación sobre cómo estos contratos pueden afectar la percepción de la comunidad sobre la gestión gubernamental y la confianza en las instituciones públicas.
La falta de avances en la obra y las denuncias sobre irregularidades ponen en duda la capacidad del gobierno para gestionar adecuadamente los recursos públicos y garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
Piden investigar a fondo
Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para garantizar la transparencia y la legalidad en la contratación pública. La comunidad tiene derecho a esperar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los contratos se adjudiquen de forma justa y transparente.
La situación también plantea interrogantes sobre la relación entre el gobierno y los empresarios en la región.
¿Qué mecanismos de control existen para evitar que los contratos públicos sean adjudicados a empresas con posibles nexos con grupos ilegales?
¿Cómo se puede garantizar que los recursos públicos se utilicen para el beneficio de la comunidad y no para enriquecer a unos pocos?
Es fundamental que se investiguen a fondo las denuncias y se tomen medidas para garantizar la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los contratos públicos. La comunidad tiene derecho a esperar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los contratos se adjudiquen
Gobernación de Santander abrió un incidente de posible incumplimiento
La Gobernación de Santander abrió un incidente de posible incumplimiento y citó a audiencia el próximo 28 de abril para revisar la ejecución del contrato. Según la secretaria de Infraestructura, Yesica Mendoza, el contratista ha solicitado una adición presupuestal de 19 mil millones de pesos sin presentar los soportes técnicos que justifiquen los cambios en los diseños de la vía.
La audiencia del 28 de abril definirá si se declara el incumplimiento formal del contrato. Mientras tanto, las comunidades de Jesús María y Florián siguen esperando avances en una obra clave para el desarrollo turístico y económico de la región.
