En los pasillos del poder, donde el dinero y las decisiones fluyen a un ritmo diferente, hay una historia que ha permanecido oculta a plena vista: dos billones de pesos congelados en un fideicomiso por más de diez años, mientras un puñado de empresarios se enriquecen y el Estado se muestra incapaz de resolver el dilema.
Esta es la historia de cómo el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo y su conglomerado empresarial, con la complicidad de los gobiernos anteriores y la pasividad de los tribunales, han logrado mantener en suspenso una cantidad astronómica de recursos destinados a la construcción de una obra vial que, a pesar de haberse adjudicado hace más de una década, sigue siendo solo un sueño en el papel.
El caso en cuestión tiene como epicentro la obra de la vía Mulaló – Loboguerrero, un proyecto vial crucial para el Valle del Cauca. El contrato para su construcción fue otorgado hace más de diez años, pero por razones que huelen a negligencia y a interés privado, las obras aún no han comenzado.
En lugar de avanzar, los dos billones de pesos destinados para la ejecución de la obra han permanecido «congelados» en el fideicomiso administrado por Corficolombiana, una de las empresas del Grupo Aval, el conglomerado de Sarmiento Angulo.
El sistema parece diseñado para perpetuar este estancamiento:
Sarmiento Angulo es dueño de la constructora que debería ejecutar la obra, de los peajes por donde se cobrarían las tarifas, del banco que financia el proyecto, de la aseguradora que cubre el riesgo y, por supuesto, de la fiducia que maneja la deuda.
Es un círculo vicioso que no solo le garantiza a él ganancias astronómicas, sino que lo deja blindado frente a cualquier tipo de responsabilidad. Al final, el dueño de todo termina no haciendo nada, pero reteniendo el dinero, mientras las carreteras siguen siendo un sueño lejano.
Lo más indignante de todo es que, en lugar de acelerar el proceso y liberar esos recursos, los gobiernos de Duque y Santos fueron cómplices de este entramado.
En 2023, un tribunal de arbitramento falló en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ordenando a Sarmiento Angulo ejecutar la obra, pero el dinero seguía allí, congelado, sin que nadie pudiera hacer nada al respecto.
Como si esto no fuera suficiente, Corficolombiana, la empresa del grupo Sarmiento, convocó un nuevo tribunal para demandar nuevamente al Estado, asegurando que el proceso seguiría detenido por más tiempo.
"Mientras nosotros estamos aquí buscando cómo reunir 100 mil millones de pesos, en los bancos hay guardados 13 billones de pesos que son propiedad del gobierno (…) Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene guardados en su fideicomiso del Grupo Aval dos billones de pesos. Ni siquiera… pic.twitter.com/7iMvigOx0L
— Radio Nacional CO (@RadNalCo) April 22, 2025
El papel de la prensa tradicional
En este contexto, surge la figura de la periodista Paola Herrera, de WRadio, quien ha intentado suavizar la imagen de Sarmiento Angulo y restarle peso a las críticas sobre el fideicomiso.
Según Herrera, lo que el presidente Gustavo Petro y su gobierno están llamando «deuda» en realidad no lo es, sino simplemente dinero que una de las empresas de Sarmiento tiene «congelado» en un fideicomiso, esperando que el proyecto se pueda llevar a cabo en algún momento.
Para ella, no hay una irresponsabilidad flagrante, ni un secuestro de recursos, sino simplemente una cuestión administrativa que debe resolverse.
Sin embargo, lo que Paola parece obviar es que el mismo tribunal de arbitramento que ella menciona en su defensa de Sarmiento Angulo en 2023 no solo absolvió a la ANI, sino que, en última instancia, ordenó que la obra debía ejecutarse, algo que hasta el momento sigue sin ocurrir.
La ironía es que el dinero sigue atrapado – a pesar de las denuncias del presidente Petro – en el fideicomiso de Corficolombiana, y Sarmiento Angulo, lejos de liberar esos recursos, prefiere convocar otro tribunal para demandar al Estado, retrasando aún más la ejecución del proyecto.
Todo esto plantea una pregunta fundamental: ¿Realmente está Paola corrigiendo a Petro y a otros críticos de la situación, o está más bien defendiendo un interés particular, tal vez en beneficio de alguien más?
El dilema, entonces, no es solo económico, sino político.
La periodista parece estar desempeñando un papel ambiguo, defendiendo a un hombre cuyo poder parece intocable, y minimizando una situación que, más allá de ser un simple desacuerdo administrativo, refleja una dinámica mucho más compleja de corrupción, impunidad y desinterés por el bienestar común.
La pregunta es legítima: ¿Está Paola haciendo un mandado? ¿Está buscando proteger los intereses de un imperio que se ha alimentado durante años del abandono de las obras públicas, mientras el país sigue esperando el cumplimiento de promesas que parecen nunca llegar?
Mientras tanto, los 2 billones de pesos siguen durmiendo en el fideicomiso, y la vía Mulaló – Loboguerrero permanece sin construirse, como un símbolo de la vagabundería que impera en muchos de los proyectos del Estado y sus grandes empresarios.
