El Proyecto de Ordenanza 019 de 2025 ha encendido una nueva polémica en el departamento de Santander. La propuesta pretende gravar la suscripción al servicio de energía eléctrica para financiar el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Sin embargo, lo que a primera vista se presenta como una medida para fortalecer la seguridad, en la práctica parece esconder un nuevo tributo que golpeará duramente a los sectores más vulnerables y a la economía regional.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es su legalidad.
La Ley 2272 de 2022 autoriza a las entidades territoriales a crear tasas destinadas al fortalecimiento de la seguridad, pero limita expresamente su hecho generador a la suscripción inicial al servicio de energía.
Es decir, el cobro debe hacerse una sola vez, al momento de adquirir el servicio. Contrario a esta disposición, el proyecto santandereano propone una tasa mensual que se aplicaría de manera continua, equiparándose más a un impuesto que a una tasa legalmente establecida.
Esto representa una inconstitucionalidad encubierta, según varios expertos en derecho tributario.
Además, el nuevo cobro se sumaría al ya existente impuesto de alumbrado público, que en algunos municipios alcanza hasta el 15% de la factura de energía. Esto configura una situación de doble tributación, donde el ciudadano paga por el mismo servicio bajo distintos nombres, profundizando la carga económica sin recibir necesariamente mejoras tangibles.
Hay un claro efecto regresivo en esta medida.
Los usuarios con ingresos menores, que ya destinan una porción considerable de sus ingresos al pago de servicios públicos, serán los más afectados.
Las pequeñas y medianas empresas, motor económico de la región, también verán aumentados sus costos operativos, mientras que los sectores de mayores ingresos podrían migrar a soluciones energéticas como paneles solares para evadir el pago, profundizando aún más la desigualdad.
En este contexto, también se ha denunciado una grave contradicción entre lo que dice la norma y lo que se pretende hacer con los recursos recaudados.
Aunque la Sentencia C-363/23 de la Corte Constitucional avala la creación de tasas para seguridad, el proyecto en Santander contempla financiar infraestructura vial y escenarios deportivos, inversiones que no tienen una relación directa con la seguridad ciudadana.
Este desvío de recursos plantea dudas sobre la verdadera intención de la medida y alimenta la percepción de que se trata de un «fondo de guerra» para obras de interés político”, más que de una inversión en seguridad pública.
No confían en el gobernador Juvenal Díaz
El clima de desconfianza se agrava con las denuncias sobre gastos suntuarios del gobernador Juvenal Díaz, quien ha sido criticado por utilizar helicópteros en sus desplazamientos y promover proyectos de bajo impacto social pero alto costo.
La ciudadanía se pregunta: ¿por qué imponer más cargas a los ciudadanos cuando el gobierno departamental podría comenzar por recortar gastos innecesarios?
Las voces críticas no se han hecho esperar. Desde el sector empresarial se advierte que esta tasa desincentiva la inversión, pues representa un nuevo obstáculo para la competitividad regional.
“Las empresas buscarán otros departamentos sin esta carga”, afirman dirigentes gremiales, alertando sobre la posible fuga de capitales y la pérdida de empleos.
En este panorama, la pregunta es clara: ¿quién gana y quién pierde?
Ganan los contratistas de obras públicas y quienes controlan la ejecución de estos recursos; pierde la ciudadanía, que pagará más por un servicio esencial y verá cómo sus aportes se diluyen en proyectos con dudosa prioridad.
Las pequeñas empresas también pierden, ahogadas por un nuevo costo fijo que podría comprometer su viabilidad.
Por todo esto, expertos y ciudadanos coinciden en tres recomendaciones urgentes:
1. Archivar el proyecto, por sus vicios de forma y fondo.
2. Auditar los gastos suntuarios del gobierno departamental, especialmente los viajes aéreos y los contratos sin impacto directo en la calidad de vida.
3. Exigir transparencia total en la ejecución de recursos públicos: ¿realmente se usarán para seguridad o terminarán en “elefantes blancos”?
Finalmente, la tasa energética en Santander no solo es un impuesto disfrazado, sino una decisión política cuestionable que pone en jaque la legalidad, la equidad y la confianza ciudadana.
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Fuente: José Luis Meza Mafiol periodista investigador que puede ser ubicado en Facebook como jmezamafiol
