La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Barrancabermeja, una obra que prometía ser una solución ambiental y de infraestructura clave para la región, se ha convertido en un dolor de cabeza financiero y en un escándalo de proporciones mayúsculas.
Así lo ha denunciado el abogado Cristhian Gutiérrez, quien ha alertado sobre las graves irregularidades que rodean el proyecto y el impacto negativo que esto tendrá en las finanzas del Distrito y en la ya deteriorada imagen de la clase política de la ciudad.
El abandono de ECOPETROL y el proceso de arbitraje
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia de Gutiérrez es la decisión de ECOPETROL S.A. de no desembolsar ni un peso más hasta que se evidencien avances significativos en la obra.
Esta postura refleja la falta de confianza en el manejo del proyecto y sugiere que la estatal petrolera ha identificado problemas graves en la gestión de los recursos destinados a la PTAR.
Además, el proyecto enfrenta un proceso de arbitraje por cerca de 40 mil millones de pesos, en el que están involucrados ECOPETROL, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja.
Este litigio, aunque actualmente está detenido, podría reactivarse en cualquier momento y agravar la situación financiera del proyecto, al punto de llevarlo a la quiebra definitiva.
La posibilidad de una sentencia desfavorable pondría en jaque no solo la viabilidad de la PTAR, sino también la estabilidad económica del Distrito.
Las finanzas del distrito en crisis
Gutiérrez también ha advertido que la Alcaldía de Barrancabermeja se verá obligada a recurrir a recursos propios para intentar salvar la obra.
Sin embargo, el Distrito enfrenta una crítica situación financiera, con múltiples deudas y una serie de compromisos adquiridos que lo han convertido en una «olla de presión» económica.
Cualquier proceso ejecutivo adicional podría terminar de colapsar las finanzas locales, afectando no solo la PTAR, sino también otros proyectos y servicios esenciales para la ciudadanía.
A esto se suma la inminente crisis del consorcio encargado de la construcción, que, de no recibir financiamiento adicional, podría optar por declararse insolvente.
Si esto sucede, las posibilidades de que la PTAR se concluya serán mínimas, dejando a la comunidad sin los beneficios esperados y con una deuda monumental que recaerá sobre el Distrito.
La fiducia y los señalamientos de corrupción
Otro aspecto crítico de la denuncia es la preocupante situación de la fiducia creada para proteger los recursos públicos. Según Gutiérrez, esta estructura financiera se está quedando sin dinero y las demás partes involucradas han decidido no entregar nuevos fondos mientras la obra continúe estancada.
Lo más preocupante, según el abogado, es la existencia de avalúo de mejoras con sobrecostos que podrían estar diseñados para enriquecer ilícitamente a particulares.
Este señalamiento ha llamado la atención de la Fiscalía General de la Nación y de la Contraloría, que están vigilando de cerca cualquier movimiento sospechoso relacionado con estos pagos inflados.
El silencio de las autoridades: ¿complicidad o indiferencia?
Uno de los puntos más inquietantes que resalta la denuncia de Gutiérrez es el silencio de las autoridades locales. A pesar de la magnitud del problema, el Concejo Distrital, el alcalde Jonathan Vásquez, la Contraloría de Barrancabermeja y otras instituciones han evitado pronunciarse sobre la crisis de la PTAR.
Este mutismo ha generado sospechas en la ciudadanía, que ve en ello una posible complicidad con los responsables del desastre financiero y administrativo.
La denuncia de Cristhian Gutiérrez sobre la PTAR de Barrancabermeja pone en evidencia un caso de posible corrupción y negligencia administrativa que podría representar el mayor daño financiero para el Distrito en su historia reciente.
La falta de recursos, la crisis económica del consorcio, el arbitraje en curso y las sospechas de enriquecimiento ilícito configuran un escándalo de grandes proporciones que merece ser investigado a fondo.
El llamado de Gutiérrez a la Fiscalía y a la Contraloría para que actúen antes de que sea demasiado tarde es una advertencia que no debe ser ignorada.
La ciudadanía de Barrancabermeja, que ha sido testigo de innumerables promesas incumplidas, merece respuestas y soluciones reales. De lo contrario, la PTAR no será más que otro proyecto fallido, representado en renders y videos, mientras la comunidad sigue enfrentando problemas ambientales y financieros sin resolver.
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