En Santander, la indignación crece entre los ciudadanos debido a la implementación de un nuevo tributo denominado «impuesto a la seguridad«.
Esta medida, impulsada por el gobernador Juvenal Díaz, del clan Díaz Mateus, ha generado una ola de críticas y descontento en la población, pues representa una carga adicional para los bolsillos de los santandereanos, quienes ya enfrentan múltiples dificultades económicas.
Un Impuesto que aumentará cada año
El nuevo impuesto será cobrado a través de la factura de la luz, lo que significa que cada hogar y negocio de Santander deberá asumir un costo adicional mes a mes.
Lo más preocupante es que este impuesto no solo será permanente, sino que también aumentará anualmente, lo que ha llevado a muchos ciudadanos a preguntarse hasta dónde llegará esta imposición fiscal.
Desde la Gobernación se argumenta que estos recursos serán destinados a mejorar la seguridad del departamento. Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo y malestar por parte de la ciudadanía, quienes consideran que la seguridad es una obligación del Estado y no un servicio que deba ser financiado con un cobro adicional a los contribuyentes.
De la promesa a la realidad: ¿Seguridad o Negocio?
Durante la campaña electoral, Juvenal Díaz prometió mejorar la seguridad en Santander. No obstante, en lugar de cumplir con su compromiso mediante una gestión eficiente y una mejor administración de los recursos públicos, ahora propone una estrategia que muchos consideran una forma de «vender» la seguridad, haciendo que los ciudadanos paguen por un derecho fundamental.
Los santandereanos trabajan arduamente para salir adelante, y cada mes sienten cómo su poder adquisitivo se ve reducido por el aumento en el costo de vida y la carga impositiva.
La implementación de este nuevo impuesto representa un golpe más a la economía de las familias, lo que ha generado un sentimiento de decepción y traición entre quienes alguna vez confiaron en las promesas del gobernador.
Seguidores de Juvenal Díaz expresan su decepción
Seguidores de Juvenal Díaz han manifestado su inconformidad con esta medida. Muchos de ellos se sienten engañados y consideran que, en lugar de generar empleo y reducir la carga fiscal, el gobierno departamental está haciendo exactamente lo contrario.
«Nos prometieron seguridad y ahora nos la quieren cobrar mes a mes en la factura de la luz. Esto es un abuso y una falta de respeto con los ciudadanos que confiamos en su liderazgo», expresa un residente de Bucaramanga que votó por el actual gobernador.
Otros ciudadanos han expresado su molestia en redes sociales y medios locales, señalando que el departamento atraviesa una grave crisis de inseguridad y que la respuesta del gobierno no ha sido efectiva.
«¿Impuestos para una ciudad en llamas? La responsabilidad de garantizar la seguridad es del gobierno, no de los ciudadanos. Es inaceptable que ahora tengamos que pagar por promesas falsas», comentan indignados algunos santandereanos.
¿Cuál es la posición de los diputados?
Ante esta controversial propuesta, surge una pregunta clave: ¿qué posición tomarán los diputados de la Asamblea de Santander?
La aprobación de este impuesto requiere el respaldo de los legisladores departamentales, por lo que su decisión será determinante para su implementación.
Hasta el momento, algunos diputados han manifestado dudas sobre la conveniencia de este nuevo tributo, mientras que otros han guardado silencio, lo que ha generado incertidumbre en la ciudadanía. Es fundamental que los representantes del pueblo asuman una postura clara y expliquen cómo piensan votar este proyecto de ordenanza.
Un llamado a la reflexión y la acción ciudadana
El descontento de los santandereanos con esta nueva medida fiscal es evidente. La ciudadanía exige transparencia y una explicación detallada sobre el uso que se le dará a estos recursos.
Además, muchos consideran que antes de imponer nuevos impuestos, el gobierno debería demostrar eficiencia en la gestión de la seguridad y en la administración de los recursos ya existentes.
Es momento de que los santandereanos se mantengan informados y exijan respuestas a sus gobernantes. La seguridad es un derecho, no un lujo ni un servicio que deba ser cobrado de manera arbitraria.
La población debe estar atenta a las decisiones de la Asamblea y, de ser necesario, alzar su voz para evitar que medidas como esta se conviertan en una carga permanente.
El debate sobre este impuesto apenas comienza, y su desenlace dependerá en gran parte de la presión ciudadana y de la responsabilidad de los diputados.
Lo que está en juego no es solo el bolsillo de los santandereanos, sino también la confianza en sus instituciones y en aquellos que fueron elegidos para representarlos.
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