El reciente aumento del salario mínimo en Colombia ha desatado una ola de reacciones desproporcionadas por parte de gremios empresariales como Acopi, Anif y Fenalco, así como de partidos políticos de derecha como el Centro Democrático y Cambio Radical, e incluso sectores independientes representados por algunos miembros de la bancada verde.
Esta alarma ha sido amplificada por los grandes medios de comunicación, que han presentado el ajuste salarial como una amenaza inminente para la estabilidad económica del país.
La diferencia es mínima
El debate se centra en una diferencia que, en términos prácticos, resulta mínima: apenas 45,000 pesos mensuales, equivalentes a menos de 10 dólares.
Mientras los empresarios proponían un aumento más conservador, el Gobierno Nacional decidió realizar un ajuste que, aunque moderado, busca compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto inflacionario.
Sin embargo, la reacción de estos sectores ha sido desmedida, advirtiendo un supuesto caos económico y la paralización del aparato productivo del país.
Resulta irónico que estas advertencias catastrofistas ignoren los indicadores positivos que la economía colombiana ha presentado bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro.
Hablan las cifras
Las cifras hablan por sí solas: el empleo ha mostrado signos claros de recuperación, con una reducción sostenida de los índices de desempleo.
La pobreza ha disminuido gracias a políticas sociales inclusivas y transferencias directas bien focalizadas.
El turismo ha alcanzado niveles históricos, posicionando a Colombia como un destino atractivo a nivel internacional.
Las exportaciones han crecido de manera constante; el peso colombiano se ha fortalecido frente al dólar, y la inflación ha sido contenida de manera efectiva.
Estos resultados no son producto de la casualidad, sino de una política económica seria, planificada y centrada en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos.
Sin embargo, la narrativa del pánico financiero ha sido instalada con éxito en ciertos sectores de la opinión pública, generando incertidumbre innecesaria entre empresarios y consumidores.
¿Qué es lo que preocupa?
Lo más preocupante de esta situación no es la crítica legítima al aumento salarial, sino la irresponsabilidad de ciertos actores que parecen estar más interesados en sabotear el éxito económico del gobierno que en contribuir al bienestar general del país.
Al difundir mensajes alarmistas y sin sustento técnico, estos sectores no sólo erosionan la confianza de los inversores y consumidores, sino que también ponen en riesgo los avances que tanto esfuerzo han costado.
Es necesario recordar que el salario mínimo no solo es una cifra administrativa; representa la dignidad de millones de trabajadores que dependen de este ingreso para cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.
Un ajuste salarial justo no debe ser visto como un capricho político, sino como un mecanismo fundamental para garantizar una distribución más equitativa de la riqueza y, en última instancia, para fortalecer la demanda interna, motor clave de cualquier economía sana.
¿Cuál es el verdadero riesgo?
El verdadero riesgo para la economía colombiana no es el aumento del salario mínimo, sino la actitud de ciertos líderes políticos y económicos que, con sus discursos apocalípticos, siembran dudas injustificadas y obstaculizan el camino hacia una economía más justa y estable.
El Gobierno de Gustavo Petro ha demostrado con hechos que es posible combinar crecimiento económico con justicia social, y es responsabilidad de todos, incluidos los empresarios y la oposición, contribuir a este objetivo en lugar de sabotearlo.
En lugar de sembrar el miedo, es momento de actuar con responsabilidad y reconocer que un país con mejores salarios no solo es más justo, sino también más próspero.
El futuro económico de Colombia no puede estar supeditado a intereses partidistas ni a la resistencia al cambio por parte de una élite que parece no comprender que el bienestar colectivo es el mejor indicador de una economía exitosa.
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