Esta semana, la senadora Esmeralda Hernández, integrante del Pacto Histórico, denunció un presunto caso de corrupción relacionado con la procuradora general de la República, Margarita Cabello.
Según Hernández, la Procuraduría adquirió un predio en Barranquilla por un valor que duplica su avalúo oficial, lo que constituye un grave detrimento a los recursos públicos. Las denuncias han desatado un fuerte debate político y exigen respuestas claras de las autoridades competentes.
Los hechos denunciados
De acuerdo con la senadora Hernández, la Procuraduría General compró un predio en Barranquilla por la suma de $20.306 millones, a pesar de que el avalúo realizado por la Universidad Nacional estimaba su valor en $10.043 millones.
Este sobrecosto de más del 100% no es el único elemento cuestionable. Hernández afirmó que, antes de la compra, el inmueble estaba hipotecado y contaba con un embargo judicial y dos embargos coactivos, una situación que pone en entredicho la legalidad de la transacción.
Lo más preocupante, según la denuncia, es que la Procuraduría habría adelantado $10.000 millones al propietario del predio, supuestamente para que este pudiera liquidar sus deudas.
Es decir, dinero público fue utilizado para pagar las obligaciones financieras de un particular. El propietario del inmueble, además, estaría vinculado a un escándalo de corrupción relacionado con la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Problemas posteriores a la compra
La adquisición del predio no solo fue cuestionada por su costo y las condiciones irregulares previas a la compra, sino también por las dificultades posteriores.
Hernández reveló que, pese a haberse realizado el anticipo en 2022, la entrega efectiva del predio se aplazó en seis ocasiones, casi por un año, sin que la Procuraduría pudiera disponer del inmueble.
Durante ese tiempo, la entidad continuó pagando el arriendo de tres sedes adicionales, generando más gastos innecesarios para el erario.
Otra problemática es que la nueva sede adquirida no tiene capacidad suficiente para albergar a todos los funcionarios de la Procuraduría en Barranquilla.
Según la senadora, 32 funcionarios quedarán sin espacio en el edificio, lo que obligará a la institución a mantener al menos otra sede en arriendo. Este hecho refuerza las críticas por la falta de planeación y la inadecuada gestión de los recursos públicos en esta operación.
Margarita Cabello compró por el doble de precio un predio avaluado en $10 mil millones, pero la tapa es que les da la platica por adelantado para que corran a pagar los tres embargos y la hipoteca que tenían; es decir, del bolsillo de los colombianos sacaron para pagarle todas… pic.twitter.com/4NQnBFEnUV
— 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) December 16, 2024
Irregularidades legales y administrativas
Entre los aspectos más graves señalados por Hernández se encuentran las posibles irregularidades legales en el proceso de compra. Las pólizas necesarias para garantizar la transacción estaban vencidas al momento de la operación, lo que vulnera los requisitos establecidos por la ley.
Además, hasta la fecha, el predio no aparece registrado a nombre de la Procuraduría General, un detalle que genera incertidumbre sobre el destino del dinero invertido y la validez de la adquisición.
Contexto político y reacciones
La denuncia de la senadora Hernández ha generado un fuerte impacto en el ámbito político. Según ella, los intentos por presentar esta denuncia en el Senado fueron bloqueados por sectores de poder, lo que sugiere la existencia de presiones para proteger a la contralora Cabello.
Esta situación ha intensificado las críticas hacia el papel de la Procuraduría, una institución cuya misión es precisamente la protección de los recursos públicos.
Margarita Cabello, quien previamente ocupó el cargo de ministra de Justicia y tiene una amplia trayectoria en el sector público, enfrenta ahora uno de los cuestionamientos más serios de su gestión como contralora.
A pesar de la gravedad de las denuncias, la procuradora no ha emitido una respuesta oficial detallada que permita aclarar las acusaciones.
Implicaciones
Este caso subraya la importancia de la transparencia en la gestión pública, especialmente en entidades encargadas de velar por el buen uso de los recursos del Estado.
Si las acusaciones resultan ciertas, no solo se trataría de un caso de corrupción y mala administración, sino también de una falta de ética en el manejo de los fondos públicos.
La denuncia también resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre las entidades públicas y de garantizar que quienes ocupen cargos de alta responsabilidad actúen con total integridad.
Por ahora, la atención está puesta en los avances de una posible investigación oficial, que será clave para esclarecer los hechos y determinar las sanciones correspondientes, si las irregularidades son confirmadas.
Este caso no solo pone en entredicho la gestión de Margarita Cabello, sino que representa un llamado a la vigilancia ciudadana frente a los posibles abusos de poder y corrupción en las instituciones públicas.
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