La renuncia del señor César Lorduy al Consejo Nacional Electoral (CNE) es, sin duda, un paso que era necesario. Sin embargo, es insuficiente frente a la gravedad de las acusaciones en su contra y al impacto que estos hechos tienen en la percepción de la justicia y la ética en las instituciones públicas.
Este caso, que ha generado gran indignación en la opinión pública, subraya la urgente necesidad de que los responsables de conductas indebidas, especialmente en el ámbito del poder político, enfrenten las consecuencias legales y morales de sus actos.
César Lorduy, exrepresentante a la Cámara por el partido Cambio Radical, es señalado de acoso sexual por la congresista Ingrid Aguirre, quien relató en una entrevista con la periodista María Jimena Duzán los actos que supuestamente sufrió en manos del exfuncionario.
Según Aguirre, Lorduy habría condicionado el respaldo del CNE a la candidatura de Patricia Caicedo en las elecciones de 2022 a cambio de una suma de 500 millones de pesos.
“Tú puedes pagarme con tu cuerpo”
Pero lo más escalofriante del caso es la insinuación que, de acuerdo con la denunciante, hizo Lorduy posteriormente: “Tú puedes pagarme con tu cuerpo”. Este acto de abuso de poder y de violencia sexual es intolerable en cualquier sociedad que aspire a construir un entorno basado en la justicia y el respeto por la dignidad humana.
La renuncia de Lorduy, aunque puede interpretarse como un acto de presión social o como una estrategia política, no puede ser vista como el fin de esta historia.
Los denunciantes y la sociedad exigen que se haga justicia.
En Colombia, la impunidad ha sido una constante en casos de abuso sexual, especialmente cuando involucran a figuras de poder. El miedo y el silencio han sido cómplices de este problema, perpetuando un sistema donde los poderosos pueden evadir sus responsabilidades.
Es imperativo que la justicia actúe con contundencia y celeridad en este caso, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino para enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley.
El caso Lorduy también expone las profundas fallas éticas de Cambio Radical, un partido que ha acumulado una larga lista de escándalos de corrupción y cuestionamientos en su trayectoria.
La asociación de este partido con prácticas como el abuso de poder y el acoso sexual socava aún más la confianza ciudadana en la política.
Es esencial que las instituciones políticas y los partidos asuman un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas. No basta con apartar a los funcionarios acusados; es necesario promover una transformación estructural que prevenga la repetición de estos hechos.
Este caso pone de relieve la valentía de las mujeres que deciden alzar la voz contra sus agresores.
Ingrid Aguirre y las demás denunciantes han mostrado un coraje admirable al enfrentarse a un sistema que muchas veces minimiza o desacredita las denuncias de acoso sexual.
Desde estas páginas, expresamos nuestra solidaridad con ellas y con todas las víctimas de violencia de género. Las mujeres no están solas en esta lucha. La sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones de derechos humanos deben ser aliados activos en el proceso de visibilizar y erradicar estas conductas.
A las mujeres que han vivido experiencias similares, les decimos que no están solas. Sus voces son necesarias para romper el ciclo de impunidad y para construir una sociedad más justa.
Denunciar es un acto de resistencia, y encontrarán en nosotros un apoyo firme para amplificar su mensaje, para luchar junto a ustedes y para defender su derecho a una vida libre de violencia.
El caso de César Lorduy debe servir como un llamado de atención a todos los sectores de la sociedad colombiana. No se trata solo de un individuo o de un partido político; se trata de un sistema que necesita una reforma profunda para garantizar la protección de los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables.
Las instituciones deben dejar de ser cómplices del silencio y de la impunidad, y convertirse en garantes de justicia y equidad.
Es crucial recordar que este tipo de casos no son aislados.
La violencia de género y el abuso de poder son problemas estructurales que requieren un enfoque integral para su erradicación. Es responsabilidad de todos, como sociedad, mantenernos firmes frente a estos flagelos, exigir justicia y apoyar a quienes se atreven a denunciar.
Que este caso sea un punto de inflexión y no solo una anécdota más en el largo historial de impunidad en Colombia.
César Lorduy debe responder por sus actos, y la justicia tiene la oportunidad de demostrar que, en Colombia, nadie está por encima de la ley.
Para leer más noticias de Barrancabermeja y el Magdalena Medio pueden dar click aquí
 es, sin duda, un paso que era necesario. Sin embargo, es insuficiente){kind=link}