Un multimillonario carrusel de contratación para la compra, alquiler y mantenimiento de carros blindados está investigando la Fiscalía.
La investigación involucra concesionarios, blindadoras, intermediarios, funcionarios de nueve instituciones públicas, varios coroneles y dos generales de la Policía Nacional.
De acuerdo con los indicios que tiene el ente acusador la operación se articula en una empresa inicialmente llamada M&M Group y que ahora opera bajo en nombre 7M Group. La unidad investigativa de El Tiempo ya había informado sobre irregularidades de 7MGroup en venta de tanquetas al ESMAD de la Policía.
Ahora se revela que dos ejecutivos de esa firma presuntamente cuadran licitaciones de miles de millones de pesos entre proveedores privados y entidades oficiales para hacer acuerdos restrictivos de la competencia y sobornar con pagos en efectivo y en especie a los funcionarios.
Los dos intermediarios se llaman Martín Ricardo Manjarrés Cabezas y Yonn Jairo García Rivera.
De acuerdo con la investigación, que incluye seguimientos e interceptación de comunicaciones, estas personas obtienen información anticipada sobre licitaciones, arman pliegos y manejan unificadamente precios para eliminar cualquier competencia. Pueden hacerlo porque presuntamente sobornan a los funcionarios encargados de los procesos con vehículos, dádivas de diverso tipo o dinero.
Las entidades públicas mencionadas en la investigación y con funcionarios implicados son:
- El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
- La Dirección General de la Policía Nacional
- La Unidad Nacional de Protección
- El Ministerio de Defensa Nacional
- El Senado de la República
- La Cámara de Representantes
- El Fondo de Vigilancia de Bogotá
- El Instituto Nacional de Vías
- Y la propia Fiscalía General de la Nación
En cuanto a las empresas que presuntamente han participado en las operaciones ilícitas están: Toyota-Redes: Distoyota SAS, Toyota de Colombia, los concesionarios: Autoyota, Toyonorte y Yokomotor; Sofasa Renault, Hyundai Car, Hyundai de Colombia S.A., Renault Truck Defense, Suzuki motos y las compañías blindadoras Blindex S.A., Blinsecurity Limitada, GMW Blindajes y Kobe Motors, una empresa especializada en adaptación vehicular, además de proveedora de repuestos y accesorios.
La Fiscalía tiene comunicaciones interceptadas en donde se hacen los acuerdos ilegales y se unifican precios para ganar las licitaciones.
También hay llamadas con funcionarios desde 2014 hasta nuestros días. Por ejemplo en la Policía Nacional hay conversaciones grabadas del coronel Silva, el coronel Peláez, el coronel Mesa, el coronel Palomino, el coronel Roa, la entonces teniente Yésica Godoy, el capitán Luis Espinosa, y los generales Yesid Vásquez, quien fue inspector de la Policía y el general Rodolfo Palomino, antiguo director de la Policía Nacional.
Las pesquisas se han prolongado por años y entre los presuntos involucrados está el jefe de transportes de la Fiscalía General de la Nación John Henry Porras Quitián. También hay otros dos funcionarios del ente acusador: Luis Albeiro Lizarazo y Harold Rodríguez Castellanos, este último es un ingeniero mecánico que trabaja como profesional de gestión del Departamento de Transporte.
Para ellos la Fiscalía solicitó audiencia de imputación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Por ese mismo delito será imputada Marcela Montes Zuluaga que es la gerente de Kobe Motors y está casada con Ricardo Manjarrés otro de los involucrados.
Es más larga la lista de delitos que la Fiscalía le atribuye a Manjarrés, a Yonn Jairo García Rivera, Felipe Adolfo Arbeláez Mejía de la blindadora Blindex, Daniel Eduardo Abello Uribe de Toyonorte y Luis Wilson González de GMW blindajes.
El ente investigador les atribuye haber incurrido en concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho por dar un ofrecer, interés indebido en celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.
Estas dos listas con ocho imputados son apenas los primeras. Se espera que en las próximas semanas sean llamados a comparecer ante la justicia oficiales de la Policía, funcionarios y particulares.
La fiscal que lleva el caso es Angélica Monsalve, la misma que llamó a juicio a tres poderosos miembros de la familia Ríos Velilla y que denunció que querían trasladarla para castigarla y quitarle el proceso.
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