La Contraloría abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal por el escándalo de Reficar contra tres expresidentes y cinco exvicepresidentes financieros.
Deberán explicar sobrecostos y “gastos fantasma” durante el proyecto de ampliación de una de las refinerías de combustibles más importante del país que, al parecer, no se habrían investigado ni sancionado antes.
Descalabro. Escándalo. Monumento a la corrupción. Esas son algunas de las referencias más sonadas cuando se habla del proceso de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena, conocida como Reficar.
Al ambicioso plan para ampliar el proyecto terminó, como ya se sabe, en un escándalo de irregularidades en su planeación y ejecución que le costó sus altos directivos y contratista, una billonaria condena por parte de la Contraloría, decisión que se conoció en abril de este año.
Con los coletazos de esa determinación todavía al rojo vivo, el ente de control fiscal acaba de abrir otro capítulo en esta historia que promete seguir dando de qué hablar.
Según lo dieron conocer medios nacionales, la nueva investigación de la Contraloría por este caso que involucra, de nuevo, a altos directivos de la refinería y tiene como eje central presuntas irregularidades que no se habrían tenido cuenta en la investigación que terminó en la sentencia de abril y que tasando los daños fiscales del proyecto en $2,9 billones.
Algunos de los vinculados a esta nueva investigación son:
Los expresidente de la refinería, Reyes Reinoso, Adolfo Hernández y Amaury De La Espriella; y los exvicepresidentes financieros Carolina Gonzáles, Mauricio Ramírez, Jaime Caballero, Ana Isabel Choucair y Fernando Cordón, entre otros.
Según el documento en el que la Contraloría abrió esta investigación, los nuevos líos por los que quiere investigar a estos altos funcionarios tiene una relación directa con lo que ya había determinado en el fallo de abril.
En los noventas, el Gobierno Nacional habló de un gran plan para ampliar el complejo de refinación de combustibles, propiedad de Ecopetrol desde 1974.
Sin embargo, lograr que Colombia fuera potencia en la materia, exportando petróleo inclusive, terminó en una industria que hoy aporta 150 mil barriles diarios de petróleo, pero que lleva consigo una mancha por los abusivos manejos del dinero público.
La Contraloría recuerda que Reynoso Yanes inició su presidencia en noviembre de 2012, tres años antes de que el presidente Juan Manuel Santos cortara el listón del renovado Reficar.
El ente de control fiscal advierte que las irregularidades habrían comenzado en 2009, cuando los costos hundidos del proyecto ya sumaban US$ 336 millones y, no obstante, contaban con un tope de US$ 305 millones.
¿Qué son los costos hundidos?
Aquellas inversiones de una obra que ya no se pueden echar para atrás. En otras palabras, obras que, aunque se frene de golpe el proyecto, ya no se pueden vender o recuperar.
Si Reficar fuese una empresa de carreteras, por ejemplo, no podría vender o desenterrar un anillo vial construido. En diciembre de 2008, los costos hundidos para la renovación de la refinería llegaron a su máximo: un total de US$ 375 millones.
Entonces, empezaron a crecer los costos por EPC (como instalación de concreto, construcción de edificios temporales, suministro de alimentos a los empleados o recolección de desechos) y los “costos del dueño” que, en el informe de gestión de 2011, por ejemplo, se definieron como logística, entrenamiento de personal o contratos de Foster Wheeler, una empresa que confirmó las aproximaciones fallidas de CB&I (el contratista que falló prácticamente en todas las partes del proyecto).
Entre más subieron las necesidades reportadas por la junta directiva de Reficar, más se vieron obligados a hacer “controles de cambios”.
Ahí iniciaron las presuntas irregularidades siguientes.
Sobre el Control de Cambios 1, la Contraloría encontró que, en mayo de 2011, hubo un total acumulado de inversiones por US$ 1.318 millones, sin embargo, las cuentas no cuadrarían con lo reportado por la junta directiva de Reficar.
Sobre las consecuencias del Control de Cambios 2, la entidad de control fiscal explicó que, por primera vez en el proyecto, los costos de la ampliación de Reficar estuvieron cercanos al presupuesto inicial, pues para diciembre de 2012, el total acumulado de gastos ya estaba en US$ 3.689 millones, siendo que el límite era de US$ 3.777 millones.
Para 2015, las cuentas ya estaban en US$ 7.792 millones y para finales de 2017, estuvieron a punto de llegar a los US$ 8.016 millones finales.
La Procuraduría, cuando archivó una investigación a los directivos de Ecopetrol, en mayo pasado y por los mismos hechos, aseguró que había en total cinco controles de cambio que terminaron en menor productividad, menor disponibilidad de mano de obra, anomalías laborales y subestimación de precios.
La culpa inicial sería de la empresa CB&I, contratada por la junta directiva para realizar el estudio de ingeniería básica. De ahí salió la cifra de US$ 3.777 millones, que se irrespetó y se dobló al final. Incluso, la estimación fue revisada por la empresa Foster Wheeler, la cual en 2009 le dio la razón a CB&I.
¿Qué pasó con la plata “sin identificar”?
En la nueva investigación de la Contraloría, las autoridades encontraron presuntas irregularidades con lo que en el mundo de los contratos se conoce como capex (gasto en capital).
Para aterrizar este concepto, en el caso de Reficar, se trata de los gastos para adquirir activos como propiedades, edificios, equipos o tecnología. La Contraloría encontró excesos en la ejecución de ese cápex aprobado para el proyecto, entre junio y diciembre de 2015.
Sin embargo, el ente de control decidió no ponerle la lupa, en esta investigación, a actividades relacionadas al Capex como alquiler de portátiles, alquiler de vehículos, impresiones o bonificaciones al personal, pues son gastos “asociados a la administración de la Refinería”.
Lo mismo decidió sobre los excesos por US$34.342 millones, entre 2016 y 2018, bajo la presidencia de Adolfo Hernández y Amaury De La Espriella.
Sin embargo, hay un rubro reportado del que no se tiene información alguna: los gastos “sin identificar”.
La Contraloría halló que, entre junio y diciembre de 2015, se reportaron inversiones fantasmales por US$ 9.240 millones y, entre 2016 y 2018, por más de US$ 12.447 millones. “De esta forma la opacidad, indeterminación o falta de especificidad respecto a la destinación del recurso que salen de las entrañas del Estado, hacen que, los gastos así registrados y ejecutados se tengan como daño, en la media que, de los mismos, no se puede predicar su aplicación a los fines esenciales del Estado”, agregó la entidad de control.
¿En qué se habrá invertido esa plata? ¿Para que se necesitaban tantos miles de millones de dólares? Esa es una explicación que los tres presidentes y los cinco exvicepresidentes financieros deberán responder.
De hecho, la Contraloría les reprocha a los expresidentes Reynoso Yanes, Hernández y De La Espriella que, entre sus funciones, estaba la de aprobar e implementar las estrategias y políticas de actuación empresarial y celebrar los contratos relacionados a la modernización de la refinería.
Y si bien hoy Reficar produce diesel de exportación, gasolina, coque y azufre, la Contraloría explica que no hubo buena fe en las decisiones que terminaron en el denominado “descalabro” de la refinería de Cartagena.
Sobre los exvicepresidentes financieros, la Contraloría explicó que era su deber “definir el plan financiero de corto, mediano y largo plazo de la compañía, para conseguir un adecuado flujo financiero en relación a las necesidades de las áreas y la cobertura de sus requerimientos financieros tanto en costos como en oportunidad”.
Así las cosas, los ochos exfuncionarios de Reficar deberán demostrar su inocencia en las siguientes fases del proceso, o podrían ser sancionados fiscalmente en este escándalo.
