El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extrajeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos este jueves aprobó el proyecto de ley en el que se condiciona la entrega de recursos económicos a la policía Nacional de Colombia.
El proyecto ley busca que el 30% de todos los recursos antinarcóticos destinados a la policía deben pasar por una certificación del Departamento de Estado donde se confirme el castigo e investigación a uniformados implicados en violaciones de Derechos Humanos.
La condición implica que al menos US $65 millones no podrán ser entregados hasta que se emita esa certificación. De ellos, US $52 millones son para la Policía y US $13 para el Ejército.
Los fondos solicitados en el proyecto de ley son un poco superiores a los solicitados por el presidente Joe Biden hace un mes cuando presentó su proyecto de presupuesto para el año entrante (pidió US $453 millones).
El representante a la Cámara James McGovern aplaudió la decisión de sus colegas e incluso sugirió que todos los fondos para la Policía al igual que las ventas de equipos deberían ser congelados mientras se investigan las denuncias.
El proyecto incluye algunas excepciones a esta condición cuando se trata de proteger a defensores y activistas, fondos para la Fiscalía, combatir la corrupción e impunidad, operaciones marítimas y fluviales y mantenimiento de aeronaves.
Adam Isacson, de Wola, cree que una vez se facturen las excepciones los fondos que en realidad quedarían sujetos a la certificación, le corresponde al Secretario de Estado Antony Blinken, serían la mitad.
El procedimiento para la aprobación total del proyecto debe pasar por la Comisión de Apropiaciones de la Cámara y luego en la plenaria. Además, debe ser homologado con el proyecto que sea aprobado en el Senado. Pero dado que los demócratas controlan ambas cámaras es viable que se mantenga.
Ante la violación de Derechos Humanos por el Ejército de Colombia también fueron limitados los recursos años anteriores, ahora, esta limitación se aplica a la Policía Nacional, por el mismo argumento según el Congreso de los Estados Unidos.
Con la llegada del Plan Colombia en el año 2000 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se profundizó la violación de Derechos Humanos con los falsos positivos que hasta el momento se tiene la cifra de 6.402 civiles asesinados por el Ejército de este país.
Además, de las desapariciones forzadas, los falsos judiciales, interceptaciones ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de las altas Cortes, congresista, y activistas políticos de izquierda.
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