La Misión de Observación Electoral – MOE- solicita al Congreso de la República que no apruebe el proyecto de Reforma por medio del cual se le otorgan facultades de jueces a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN); se concentra en la institución el poder para autorizar allanamientos e intervenir las comunicaciones, entre otras; y se crean una serie de cargos no determinados, incrementando la burocracia.
Esta propuesta de reforma, presentada por la PGN y el Ministerio Interior, se da como respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el que señaló que, de acuerdo al artículo 23 de Convención Americana, solo “con condena, por juez competente, en proceso penal”, se pueden imponer sanciones de inhabilitación o destitución a funcionarios electos popularmente.
En el artículo 1 del proyecto de reforma, se insiste, en contravía de lo que señala la CorteIDH, en concentrar en la Procuraduría facultades de investigación y sanción de destitución, suspensión e inhabilidad contra todos los funcionarios públicos, sean estos elegidos o no popularmente.
Esto preocupa sobre manera a la MOE, pues “el proyecto de ley busca convertir a los procuradores en jueces, quienes tendrían el poder de abrir investigaciones, y de ser el caso, sancionar e inhabilitar a funcionarios.”
“Este diseño no responde a lo solicitado por la CorteIDH, toda vez que pese a que el proyecto otorga facultades jurisdiccionales, estas se mantienen en una institución de carácter administrativo, y no son trasladadas a un juez penal”, afirma, Alejandra Barrios, directora de la MOE.
A lo que se suma que tales facultades se mantienen en un órgano cuyo titular tiene un origen político, debido a que es elegido por el mismo Congreso de la República, lo que no brinda las garantías de independencia e imparcialidad necesarias.
Así mismo, la propuesta de reforma da facultades a la Procuraduría para que de manera discrecional y sin previa valoración y conocimiento de un juez, autorice “la interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y seguimiento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones”.
Por ello, a la MOE le preocupan las afectaciones que se generan al principio democrático y a los derechos políticos de los ciudadanos.
En tercer lugar, desde la MOE se percibe con preocupación cómo algunas entidades del Estado, haciendo uso de la iniciativa legislativa, presentan al Congreso de la República proyectos de reforma legal que en el marco de la modificación y ampliación de sus funciones, aumentan sin mayor justificación, su planta de personal.
Generando con ello un incremento en la burocracia de la entidad, sin presentar estudios sobre el impacto fiscal y sin brindar información sobre el número de cargos a contratar.
Esto en medio de la mayor crisis económica en la historia republicana de Colombia. Por último, para la MOE, claramente este proyecto de ley afecta el núcleo esencial del derecho a la participación política.
Razón por la cual, su trámite no corresponde al de una ley ordinaria, sino al de una ley estatutaria.
Esto sumado al mensaje de urgencia presidencial, reduce la deliberación amplia y suficiente en un tema crucial para la democracia colombiana.
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