Un proceso de fiscalización que emprendió en mayo de 2016 la Alcaldía de Barrancabermeja en contra de Ecopetrol habría dejado entrever una serie de irregularidades sobre la declaración del impuesto de Industria y Comercio de la estatal petrolera en esa población, durante la vigencia 2014 y 2015.
Detalles del proceso que lidera la Secretaría de Hacienda Municipal, que fueron conocidos públicamente, indican que en el intercambio de información entre la empresa y ese despacho se hizo evidente una cadena de inexactitudes y contradicciones en los valores de ingresos por explotación petrolera, que habrían sido reportados por la compañía con relación a esa declaración tributaria en los años en mención.
La administración municipal halló que en sus reportes Ecopetrol incluyó ingresos por exportaciones (ventas a zona franca) e ingresos obtenidos en otros municipios, que constituyen una distorsión de la realidad jurídica de las operaciones que dan lugar al pago de impuestos.
“Ecopetrol reportó dineros por ventas a usuarios de zonas francas. Esos ingresos fueron detraídos de la base gravable del impuesto de Industria y Comercio en esos años, sin embargo, de conformidad con la ley, el efecto de ese tratamiento especial de las zonas francas está dado para aquellos impuestos del orden nacional y no tiene ninguna incidencia en los impuestos del orden municipal”, explicó una fuente cercana al proceso, quien prefirió la reserva de su nombre y quien asegura que esta situación tendría implicaciones en otros municipios del país.
En ese sentido, tras surtirse una revisión minuciosa de los conceptos de la declaración tributaria, la Secretaria de Hacienda procedió a efectuar una liquidación oficial sancionatoria que evidenciaría una presunta evasión por parte de Ecopetrol en el pago del gravamen de más de 48 mil millones de pesos, en el año 2014 ($48.905.156.000), y de más 50 mil millones, en el 2015 ($50.452.147.000).
Adicional, la Administración Municipal determinó aplicar por inexactitud, conforme al cumplimiento del Estatuto Tributario, una multa del 100 por ciento sobre esos valores, más intereses por mora. De ahí que, la estatal tendría pendiente asumir el pago de más de 255 mil millones de pesos de impuesto de Industria y Comercio.
Pese a que durante el proceso de revisoría fiscal se habrían proferido emplazamientos a Ecopetrol para corregir las declaraciones del año 2014 y 2015, estas no se dieron. Sin embargo, aún le queda un último recurso de reconsideración en contra de tales decisiones que se tomaron tras un año de fiscalización.
Entre tanto, por el no envío de información requerida, la Alcaldía ya ratificó dos sanciones que fueron impuestas a la estatal equivalentes a $ 892 millones de pesos.
Al ser consultado, Darío Echeverri Serrano, alcalde de Barrancabermeja, señaló que «nuestra preocupación es la tributación correcta de todos los contribuyentes, desde Ecopetrol hasta el más pequeño».
Según el mandatario, la ciudad afronta una delicada situación económica con limitaciones presupuestales para resolver problemas sociales, los cuales, asegura, se hubieran podido solucionar con el dinero que presuntamente dejó de pagar de la compañía.
«La administración municipal ha adelantado el proceso en virtud de sus facultades de fiscalización (…) nuestra preocupación es la tributación correcta de todos los contribuyentes, desde Ecopetrol hasta el más pequeño», dijo el mandatario, quien aclaró que no puede pronunciarse de fondo por motivos de reserva.
Al respecto, Ecopetrol resaltó que «cumple con sus obligaciones como contribuyente, y que las liquidaciones emitidas por la Alcaldía no obedecen a actos administrativos en los que se discute una evasión, sino que se trata de discusiones que se centran en la diferencia de criterios en la apreciación y aplicación de la normatividad tributaria».
Añadió que en la debida oportunidad procesal y ante la Secretaría de Hacienda Municipal se responderán las inquietudes derivadas de este proceso.
“La discusión aún se encuentra en vía gubernativa, sin actos administrativos en firme”, indicó la estatal petrolera, que precisó que está dentro del plazo legal para interponer los recursos de ley en contra de las mencionadas liquidaciones.
Por este caso y las implicaciones de orden fiscal y disciplinaria que tiene, la Alcaldía de Barrancabermeja, que ya le puso la lupa a la declaración de 2016, interpondría la respectiva denuncia ante la Procuraduría y Contraloría General.
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Información tomada de su original del periódico El Tiempo (Bogotá, mayo 2 de 2017)
