Lograr que las víctimas queden satisfechas en términos de verdad y conseguir su participación efectiva en la construcción de la paz son dos de los principales retos de los diálogos en La Habana, en donde el Gobierno y las Farc lograron el pasado sábado 7 de junio concertar un decálogo de principios básicos para abordar soluciones para las víctimas.
Así lo asegura Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, la entidad que lleva el registro oficial de afectados por la violencia. Esa cifra ya suma un poco menos de 6,5 millones de colombianos, siendo el desplazamiento la causa más frecuente: 5,5 millones, que significan un 84 por ciento.
Paula Gaviria dice que de ese total, las Farc figuran como las responsables de al menos el 40 por ciento de los casos. El porcentaje corresponde solo a las menciones hechas sobre sus victimarios. Los demás, a hechos de los paramilitares, de bandas criminales, agentes del Estado y un corto porcentaje a desconocidos o no citados.
Uno de los puntos acordados con las Farc es lograr la reparación y satisfacción de los derechos de quienes han sufrido daños en el conflicto.
Solo el año pasado atendieron 1.067 emergencias humanitarias (entre desplazamientos, atentados y amenazas) en 303 municipios, que en un 43 por ciento fueron atribuidas a la guerrilla de las Farc.
El Gobierno dice que en eso ha venido avanzando con indemnizaciones hechas a 385.000 personas. Además, que la meta es cubrir el universo de víctimas en 10 años, lo que le costaría al Estado la suma de $ 55 billones de pesos, incluyendo garantías de asistencia en salud, educación y la restitución de tierras.
Sobre esta última forma de reparación, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 60.000 reclamaciones, de las cuales entre el 37 y 40 por ciento corresponde a despojos generados por Farc.
La Unidad de Víctimas dice que si se concreta el acuerdo del fin del conflicto, el número de víctimas y el costo fiscal dejarían de crecer.
“Si se firma la paz cesan las emergencias, y así el Estado podría concentrarse en reparar a las víctimas más que en atender nuevos hechos. En atención de emergencias hemos destinado 1,4 billones de pesos desde la Ley de Víctimas, mientras que en indemnizaciones se han invertido más de 2,2 billones”, indica Gaviria.
Aunque ningún sector del Gobierno habla de cómo sería la reparación a víctimas, Gaviria explica que el proceso seguirá siendo “gradual, como se viene haciendo hasta ahora”.
También advierte que en ese proceso será clave el compromiso de todos los colombianos, especialmente del sector privado. “El Estado no puede reparar solo y no podemos dejarles solo a las víctimas la carga de perdonar. Esto es algo de todos”, anticipa Gaviria.
Explica que la participación de los privados en un eventual posconflicto debe ir encaminado a generar aportes y a abrir las puertas a las víctimas.
“Hay mucha estigmatización. De nada sirve que el Estado haga la tarea si la víctima ve que le cierran una puerta en el trabajo o no le aceptan a su hijo en el colegio”, asegura.
Concluye que los retos no son solo en el área fiscal, sino especialmente en el de la verdad, que tanto las víctimas reclaman. Así como la no repetición.
¿Cuánto costarán los acuerdos?
La Oficina del Alto Comisionado de Paz trabaja de la mano de varios organismos de cooperación internacional para establecer las proyecciones económicas de lo que costará la implementación de un eventual acuerdo de paz con las Farc. Aunque aún no hay una cifra específica, el cálculo debe permitir hacer sostenibles los acuerdos.
Estos son los principios básicos de acuerdo con las Farc.
—Reconocer a las víctimas.
Las Farc y el Gobierno establecieron que para abordar el quinto punto en la agenda de los diálogos en La Habana, “es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente, en su condición de ciudadanos con derechos”.
— Aceptar responsabilidades.
Las partes en la mesa de los diálogos concertaron que se deben reconocer las responsabilidades de cada actor frente a los hechos violentos que han dejado víctimas en el marco del conflicto.
El acuerdo base establece que no se evadirá esa responsabilidad “ni se van a intercambiar impunidades”.
— Satisfacer sus derechos.
Este punto del decálogo establece que en La Habana “no son negociables los derechos de las víctimas” a la verdad, justicia y reparación. Según los negociadores, el compromiso de ambas partes es ponerse de acuerdo acerca de “cómo deberán ser satisfechos” esos derechos.
— Participación en diálogos.
La participación de las personas afectadas por el conflicto es clave para cualquier avance en las negociaciones de paz. Las partes acordaron que quienes han sufrido violaciones al Derecho Internacional Humanitario deben participar en los diálogos “por diferentes medios y en diferentes momentos”.
— Esclarecimiento de la verdad.
Los negociadores reconocen que reconstruir las causas, orígenes y los efectos del conflicto “es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de víctimas, y de la sociedad”. Para ello, las Farc se comprometen a reconocer la verdad de sus actuaciones.
— Reparación, clave de paz duradera.
Por los daños que han sufrido en medio del conflicto “las víctimas tienen derecho a ser resarcidas”. Los negociadores establecieron que para generar una paz “estable y duradera” en el posconflicto se deben transformar las condiciones de vida de las víctimas.
— Enfoque de derechos.
El Estado debe “garantizar los derechos y libertades fundamentales”, mientras que los ciudadanos tienen la obligación de “respetar los derechos de sus conciudadanos”. Se tendrán en cuenta vulneraciones a derechos económicos, sociales y culturales en medio del conflicto.
— Reconciliación.
La reconciliación efectiva de los ex combatientes de la guerrilla y su reintegración a la sociedad es uno de los objetivos del acuerdo que buscan satisfacer los derechos de las víctimas. Los negociadores apuntan a que se deben “transitar caminos de civilidad y convivencia”.
— No repetición.
Las reformas que surjan del acuerdo final de los diálogos “son la principal garantía de NO repetición”, según los negociadores. Para asegurar que no habrá nuevas víctimas, las partes se comprometen a tomar medidas que lleven a que “ningún colombiano vuelva a ser puesto en esa condición”.
— Protección y seguridad.
Los negociadores en La Habana concertaron que un punto esencial para satisfacer los derechos de todas las víctimas es «proteger su vida y su integridad personal». Para ello, establecieron que se les darán garantías de seguridad que impidan una revictimización.
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