Dos (2) sindicalistas de Coca Cola (William Mendoza y Juan Carlos Galvis), son investigados por concierto para delinquir y terrorismo. El proceso judicial, fruto de las versiones libres de 3 jefes paramilitares —’Coca Cola’, ‘Gavilán’ y ‘Julián Bolívar’— se presenta, exactamente, en el momento en que se lleva a cabo la negociación colectiva entre el Sindicato Nacional del Sector Agroalimentario (Sinaltrainal) y las embotelladoras de Coca Cola en Colombia. Los trabajadores sindicalizados, William Mendoza y Juan Carlos Galvis, han manifestado haber recibido amenazas por parte de grupos paramilitares desde el año 2001 y ser víctimas de seguimientos ilegales por parte del Estado colombiano
¿Quienes son los sindicalistas acusados?
William Mendoza Gómez, es empleado de Coca Cola desde 1990 y ha ocupado diversos cargos en la junta directiva de Sinaltrainal Seccional Barrancabermeja hasta el que desempeña hoy de presidente. Ha participado como delegado de Sinaltrainal en Estados Unidos, Venezuela y Ecuador denunciando la violación a los derechos humanos en Colombia y la implicación del Estado y la política de las multinacionales. Es un miembro reconocido del movimiento social y de defensa de los derechos humanos en Barrancabermeja gracias a su implicación en diferentes espacios de coordinación de organizaciones.
Juan Carlos Galvis, labora en Coca Cola en Barrancabermeja desde diciembre de 1988 e inició su actividad sindical en 1989 ocupando diversos cargos en Sinaltrainal y desde 1999 integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Barrancabermeja. También es parte del movimiento en defensa de los derechos humanos que ha denunciado el accionar paramilitar en la ciudad.
¿Cual es la posición del sindicato?
Sinaltrainal, el sindicato de Coca Cola en Colombia, denuncia que Saul Rincón alias ‘Coca-Cola’, Wilfred Martínez Giraldo alias ‘Gavilán’ y Rodrigo Alzate alias ‘Julián Bolívar’ están cumpliendo la advertencia efectuada desde hace varios años de hacer un montaje contra Juan Carlos Galvis, William Mendoza y otros integrantes de Sinaltrainal por haberse negado a ingresar a los barrios de Barrancabermeja a conversar con ellos o incluso a la misma cárcel donde estaban recluidos.
Aunque habían presentado una querella penal contra estos paramilitares por los delitos de injuria y calumnia en febrero de 2009, sus versiones libres en el marco de la Ley 975 de 2005 —conocida como Ley de Justicia y Paz— han conducido a que el 14 de diciembre de 2011 la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo Estructura de Apoyo – Investigaciones Parapolítica informara a Juan Carlos Galvis y William Mendoza sobre la apertura de la investigación previa por los supuestos delitos de concierto para delinquir y terrorismo.
‘Julián Bolívar’ afirmó ante la Fiscal 41 de Justicia y Paz de Medellín el 16 de diciembre de 2008 que los sindicalistas Galvis y Mendoza colaboraban o formaban parte de grupos insurgentes y que con la información que suministraron el Ejército Popular de Liberación (EPL) colocó un artefacto explosivo en las instalaciones de la empresa Coca Cola de Barrancabermeja.
El sindicato considera que los señalamientos realizados por los paramilitares, «además de constituir imputaciones falsas contra dirigentes sindicales, constituyen un ataque contra el buen nombre de éstos y de la organización como tal». Además, insisten en que la actuación de Sinaltrainal siempre ha sido desarrollada de manera abierta, limpia, transparente y en ejercicio de derechos reconocidos legal y constitucionalmente. Para el presidente de Sinaltrainal en Barrancabermeja, William Mendoza: «Ya se firmó el TLC; el Estado quiere acabar con Sinaltrainal».
Mendoza insinúa que el Gobierno necesitaba aparentar que estaba controlando la violencia contra el sindicalismo colombiano —el más castigado del mundo con el homicidio de 6 de cada 10 muertos en el mundo por su actividad—. Según datos de la Confederación Internacional de Sindicatos (CIS), 49 sindicalistas fueron asesinados en Colombia en 2010 (el 55 % en todo el mundo). Human Rights Watch reitera en 2012 que Colombia continúa siendo el país más peligroso para ejercer el sindicalismo en el mundo con 175 sindicalistas asesinados en los últimos cuatro años en medio de una impunidad generalizada que impide castigar a los responsables.
En febrero de 2009 organizaciones sociales barranqueñas (Sinaltrainal, Unión Sindical Obrera, Central Unitaria de Trabajadores, Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Organización Femenina Popular, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo José Alvear Restrepo) solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que excluyera a ‘Julián Bolívar’, ‘Gavilán’ y ‘El Panadero’ —éste último paramilitar que acusa al defensor de derechos humanos David Ravelo (CREDHOS) de determinar el asesinato de un funcionario de Barrancabermeja— de los beneficios de la Ley 975.
Los acusan de difundir falsa información en las diferentes versiones libres rendidas ante las Fiscalías de la Unidad de Justicia y Paz y sostienen que uno de los presupuestos para seguir siendo beneficiario de dicha ley es la colaboración eficaz con la justicia revelando toda la verdad sobre los hechos que conocen o hayan participado.
Las organizaciones sociales y sindicales sostenían que lo que está ocurriendo con las versiones libres de los paramilitares «es el ocultamiento de sus crímenes mediante el involucramiento de las organizaciones víctimas de su accionar, omitiendo revelar los funcionarios del Estado que les apoyaban, financiaban y determinaban y eran los verdaderos beneficiarios del paramilitarismo».
Esas denuncias y solicitudes no han tenido efecto para cuestionar las versiones paramilitares. La contrario, la investigación preliminar se abrió el 26 de enero de 2010 fundamentada en dichas acusaciones. Según la campaña internacional para defender los derechos humanos en Colombia, entre diciembre 2009 y diciembre 2010 por lo menos 130 defensores fueron objetos de detenciones y judicializaciones. Las cifras actuales son imprecisas.
Persecución contra el sindicato.
El sindicato recuerda que esta judicialización es parte de «la sistemática política de persecución contra trabajadores afiliados a Sinaltrainal por la que han sido víctimas de asesinatos, amenazas de muerte, atentados, desplazamiento, exilio, tortura, quema de sede sindical, intento de secuestro de familias, chuzadas del DAS».
En el expediente de la Fiscalía Número 11 delegada ante la Corte Suprema de Justicia reposan documentos que demuestran seguimientos ilegales por parte del Grupo de Inteligencia Especial (G3) contra varios integrantes de Sinaltrainal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Durante más de 30 años de existencia de Sinaltrainal, el sindicato manifiesta: «Nuestros afiliados han sido víctimas de la persecución violenta del Estado y las empresas: 25 asesinados, 14 encarcelados, 80 amenazados de muerte, 49 desplazados, seis exiliados, otros torturados, desaparecidos, atentados de muerte». Estos hechos permanecen en total impunidad a pesar que varios de estos crímenes han sido confesados en jurisdicción de Justicia y Paz.
Según el sindicato, el resumen de las agresiones sigue: «Sede de Sinaltrainal incendiada, paramilitares que han permanecido dentro de la embotelladora de Coca Cola, han obligado a los trabajadores a renunciar del sindicato, con sucios montajes y falsas acusaciones, 20 dirigentes de Sinaltrainal han sido judicializados, penalmente sindicados de terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno, rebelión, injuria y calumnia, simultáneamente al terror creado para debilitar a Sinaltrainal, para restarle capacidad de negociación y defensa de los derechos de los trabajadores, han sido despedidos miles de trabajadores, hoy la mayoría son subcontratados para simular el contrato de trabajo y desconocer los derechos laborales».
El sindicato considera que ha sido fuertemente perseguido por su postura en la denuncia de los atropellos sistemáticos contra los trabajadores y por la defensa de la vida; sus gestiones de acudir a instancias internacionales contra la empresa multinacional de Coca Cola ha originado toda una política de persecución.
Explican que esta persecución «se complementa con las afirmaciones injuriosas y calumniosas de los jefes paramilitares, quienes de forma cínica pretender convertir a los miembros del sindicato como victimarios, encubriendo los crímenes que se han perpetrado contra este sindicato; pero además queriendo justificar sus acciones afirmado falsamente que sus miembros pertenecían a la guerrilla».
Coincide acusación de la Fiscalía con negociación de la convención colectiva.
El actual proceso se presenta cuando se desarrolla la negociación del pliego de peticiones presentado el 4 de enero de 2012 a las embotelladoras de Coca Cola en Colombia. Según Sinaltrainal, en este nuevo proceso negociador la postura de la empresa fue «arrogante y prepotente».
El sindicato presentó un listado de 168 trabajadores enfermos de columna por las condiciones laborales. La respuesta de Coca Cola es que para esos asuntos está Aseguradora de Riesgos Profesionales. Otros temas fundamentales en la negociación que no encuentran solución son temas salariales sobre lo cual Sinaltrainal afirma que Coca Cola roba el salario de los obreros inventando formas de liquidar los salarios.
Una solicitud del sindicato es que Coca Cola apoye en la solución de problemas de vivienda de trabajadores afectados por desastres naturales. La petición es que la empresa condone la deuda de vivienda y otorgue un préstamo mayor que el monto convencional; la respuesta de la empresa es que no es su culpa. Los trabajadores reciben préstamos de 26 millones de pesos —que en ciudades como Barrancabermeja no alcanzan para comprar un lote— que invierten principalmente en comprar mejoras en barrios de alto riesgo de inundaciones, deslizamientos o de orden público difícil.
Frente a la libertad sindical, Coca Cola dice que cumple con la ley pero el sindicato sostiene que en las fábricas no dejan entrar a los dirigentes sindicales y que los despidos y los llamados a descargos son frecuentes en esta fábrica.
Así es que de los 26 puntos del pliego no hay acercamientos y la etapa de arreglo directo ya terminó el pasado 17 de febrero; las conversaciones están rotas y el sindicato se plantea la posibilidad de convocar una huelga.
Si hay riesgos para los sindicalistas de Coca Cola, dice ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior ha realizado estudios de seguridad a William Mendoza y Juan Carlos Galvis determinando que se encuentran en alto riesgo y por esa razón reciben protección.
Igualmente, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que han investigado las amenazas denunciadas, no han podido determinar que se trate de automontajes que tengan por objeto recibir beneficios del Gobierno. Por el contrario, las amenazas contra Sinaltrainal han sido frecuentes lo cual originó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos profiriera medidas cautelares el 28 de enero de 2002 exigiendo al Estado colombiano la protección de la vida e integridad de Galvis y Mendoza.
