Por: Juan Manuel López C
Después de la defensa del asilo de la Ex-directora del DAS, la diligencia que el Dr. Uribe dice hará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le den garantías procesales a quienes fueron sus subalternos, puede tener más significado de lo que parece.
Esa Comisión cumple funciones muy parecidas a las de la Fiscalía en nuestros procesos penales. Su trabajo es estudiar los casos que se presentan para decidir si los sustenta como acusaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual es, como su nombre lo indica, la jurisdicción bajo la cual se tramitan las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en el ámbito de los Estados Americanos que le reconocen esa competencia.
Eso lleva a una primera claridad y es que esa Corte solo trata de Derechos Humanos y solo juzga la actuación de los Estados. Los particulares no pueden acudir directamente ante ella y por eso existe la Comisión quien debe estudiar, y si lo considera pertinente asumir, la denuncias que los individuos tienen contra los Estados: ante la Corte solo litigan la Comisión y los Estados, y sus pronunciamientos solo se dirigen a los Estados.
Es verdad que uno de los Derechos Humanos es el del acceso a la Justicia con sus derivados de garantías procesales, y que por ello la competencia de la Corte cobijaría fallas de la Justicia en caso de incumplirse este aspecto; pero una demanda de ese tipo supone por un lado que ya se violaron los derechos de los procesados, y por el otro que se intenta una acción contra el Estado Colombiano.
También es verdad que aunque la Comisión no juzga ni falla, sí puede ordenar medidas cautelares –y lo ha hecho en varios casos para ordenar la protección de la vida de personas amenazadas en Colombia-. Pero no se ve cuál amparo especial se pretende para garantías en los juicios; es claro que ni se pueden pedir ni crear nuevas garantías especiales para una categoría diferente de enjuiciados, ni antes de que se produzcan podrían darse pronunciamientos sobre la supuestas fallas que nuestra Administración de Justicia eventualmente llegaría a tener.
Al denunciar de esa manera todos los procesos en contra de quienes fueron su gobierno, está descalificando una Corte que es un órgano colectivo donde hay no solo simpatizantes sino miembros que han contado con su apoyo; está atacando el sistema mismo, puesto que los impedimentos y las recusaciones están instituidos para tratar casos como el que él acusa; y desconoce la instancia de los conjueces que está regulada de tal forma que existe una lista previa y de ella se hace una selección por sorteo.
Descalifica también lo actuado por una Procuraduría elegida en la práctica por su ‘guiño’, y por la Fiscalía, interina pero designada por quién en la práctica él mismo impuso.
No tiene sentido que un presidente denuncié a las instituciones bajo las cuales gobernó durante 8 años; menos cuando su actitud ante las Cortes Internacionales fue de indiferencia cuando no de menosprecio; y menos que parezca no saber cómo funcionan.
Me atrevo a sugerir que no está a la espera de algún resultado, sino buscando crear una ambiente favorable ante la cada vez más probable vinculación suya tanto a los procesos de sus colaboradores como a una posible acusación ante la Corte Penal Internacional.
