Las prebendas que Ecopetrol aprobó para funcionarios presos

Las prebendas que Ecopetrol aprobó para funcionarios presosPor unanimidad, la junta directiva de Ecopetrol les dio el visto bueno en diciembre pasado al otorgamiento de beneficios económicos para funcionarios de la petrolera detenidos por escándalos judiciales como la defraudación de Reficar, los contratos irregulares con Petrotiger y los desvíos de dinero a través de Red País.

 

Así se lee en un acta de junta directiva en la cual se advierte que la iniciativa de entregarles préstamos para gastos de sostenimiento y de mantenerles beneficios educativos hasta por dos años, todo a cargo de los recursos públicos, fue de Felipe Bayón Pardo, cabeza de la petrolera.

 

“El presidente puso en conocimiento de la junta la situación del personal de Ecopetrol que ha sido objeto de detención preventiva. Explicó que tal circunstancia suspende el contrato laboral y, en consecuencia, la compañía no está obligada al pago de salarios y prestaciones.

 

Lo anterior implica ausencia de ingresos del trabajador para soportar su subsistencia y la de su grupo familiar”, se lee en el acta en la que consta que se abordó el tema después de discutir las investigaciones que la propia petrolera venía haciendo en torno a Reficar y a su planta de etanol Bioenergy.

 

Bayón Pardo les solicitó expresamente a los miembros de junta, entre los que se encuentran el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el exministro de Justicia Yesid Reyes, que se aprobaran las prebendas e, incluso, entregó un anexo en el cual detalló las condiciones en las que los exfuncionarios detenidos accederían a las gabelas.



Se estableció que la Contraloría está revisando esa decisión dentro del paquete que ya llevó a Ecopetrol a reversar el pago de 54,7 millones de pesos mensuales al expresidente de Reficar Reyes Reinoso, cobijado con detención domiciliaria por el saqueo de la refinería de Cartagena.

 

La duda radica en si un funcionario puede extender o no beneficios sindicales y si con ese hecho se estaría abriendo la puerta para otras reclamaciones (como sueldos y fueros), en aras de la igualdad.

 

Por ahora, se estableció que la decisión de la junta beneficiaría a Reyes Reinoso y a al menos otros trece funcionarios que actualmente están en líos judiciales. Algunos de ellos terminaron trabajando para filiales de Ecopetrol, pero conservan su estatus de empleados de la petrolera por estar en comisión.

 

 

Privilegio sindical

 

Se le preguntó a Bayón en qué estaba fundamentada la decisión, hoy bajo la lupa de las autoridades. Y este respondió que lo que se buscó fue extender beneficios que reciben desde hace 21 años los sindicalistas de la empresa, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos y Paz: Ecopetrol-USO.

 

Según dijo, las gabelas cubren a cerca de 7.226 trabajadores que forman parte de la Convención Colectiva de Trabajo y representan un 77 por ciento de la planta de personal. Y lo que se hizo fue extenderlas a los no sindicalizados, que suman 2.163 empleados.

 

Lo que llama la atención es que esas prebendas sindicales están vigentes desde 1997, y solo hasta ahora, por iniciativa de Bayón Pardo, se ampliaron.



Para el funcionario, los préstamos y el auxilio educativo se extendieron con el fin de garantizar la equidad y la ayuda humanitaria a todo el personal.

 

“Estos beneficios fueron presentados por la administración a la junta directiva, como responsable de la aprobación de la política de compensación de la compañía y de los beneficios para los trabajadores.

 

Es importante aclarar que la administración de Ecopetrol tiene dentro de sus funciones no solo la presentación de este tipo de solicitudes a la junta, sino todas aquellas que están relacionas con la gestión de la empresa”, precisó el presidente de Ecopetrol.

 

También dijo que, hasta el momento, a ningún funcionario no sindicalizado se le ha aprobado las prebendas. No obstante, al parecer, algunos estaban intentando tramitarlas cuando se enteraron de que la Contraloría había empezado a indagar la legalidad de estas.

 

Al respecto, Bayón Pardo dice que hay al menos 20 funcionarios sindicalizados que sí han hecho uso de ese beneficio humanitario. La Contraloría prepara un pronunciamiento al respecto.

 

 

NOTA: Artículo tomado de el periódico El Tiempo de Bogotá, junio 24 de 2018

 

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