(Informe Especial)
Después de 10 años de enfrentar el falso señalamiento de un paramilitar (Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero) que dio lugar a una larga investigación judicial que desde 2011 se concentró en la Corte Suprema de Justicia, este alto tribunal absolvió por falta de pruebas al ex congresista de Santander, José Arístides Andrade.
En decisión unánime, la Corte ratificó que «no se logró desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesado y, por eso, lo pertinente era absolverlo». Por el contrario, quienes lo señalaron, (entre ellos alias El Panadero) hoy enfrentan procesos por falso testimonio y fraude procesal.
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Este sonado caso judicial en Barrancabermeja, en el que también estuvo procesado el defensor de derechos humanos, David Ravelo Crespo, se originó en una declaración aportada en abril de 2008 por Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero. En ese momento, este ex paramilitar estaba privado de la libertad por su participación en la masacre del 16 de mayo de 1998 ocurrida en el barrio 9 de abril de Barrancabermeja, y decidió acogerse a la Ley de Justicia y Paz.
No obstante, en lugar de confesar sus crímenes en las autodefensas, después de varios encuentros con altos jefes paramilitares en la cárcel de Itagüí, resultó declarando sobre sus días como militante del frente 24 de las Farc. Y lo hizo para referir que él «había participado en el asesinato del líder político de Barrancabermeja, David Núñez Cala, y que ese crimen se había planeado en un popular restaurante del puerto petrolero».
David Núñez Cala fue asesinado en las horas de la mañana del 5 de abril de 1991 en un sitio conocido como El Pasonivel. En ese momento oficiaba como secretario de Obras Públicas de Barrancabermeja. Según El Panadero, «el asesinato se cometió porque David Núñez Cala se iba a lanzar a la alcaldía la ciudad y sus contradictores políticos lo calificaban como colaborador de Los Masetos de Puerto Boyacá». Por eso, alias El Panadero aseguró que, en la acción «participaron las Farc».
El Panadero declaró, en su primera versión libre, «que en la reunión para planear el crimen habían intervenido los dirigentes políticos David Ravelo y Aristides Andrade. El primero dirigente de la Unión Patriótica (UP) y el segundo, congresista liberal». A pesar de que el señalamiento carecía de evidencias para probarlo, ni correspondía al contexto de la época, en julio de 2009, un fiscal especializado decidió abrir investigación contra Ravelo y Andrade.
Un año después, el fiscal 22 especializado, William Pacheco, ordenó la detención de Ravelo y remitió copias del proceso a la Corte Suprema para que Andrade fuera investigado en su calidad de congresista.
Mientras los señalados afrontaban los procesos en su contra, en su columna de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell reveló que el fiscal Pacheco había sido destituido desde 1992 por un caso de desaparición forzada, pero, increíblemente, aun administraba justicia.
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A pesar de estas primeras irregularidades en el caso, la investigación siguió adelante.
David Ravelo terminó condenado entre 2012 y 2013, y José Arístides Andrade encaró su defensa ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando todo parecía favorable a El Panadero, surgió el proceso penal que fue probando que, en sus declaraciones a la justicia, este procesado integraba verdades con mentiras, maniobrando a sus anchas en la jurisdicción de Justicia y Paz.
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Alias ‘El Panadero’ también estaba comprometido en la violación sexual a una periodista
De otra parte, el expediente por el secuestro y ultraje sexual a la periodista Jineth Bedoya, investigación en la que El Panadero apareció comprometido, hizo parte del complot para fraguar la acción en mayo de 2000. El Panadero llevaba casi 12 años dilatando su responsabilidad en este caso, hasta que una fiscal especializada en derechos humanos decidió formar investigación en su contra. Finalmente, El Panadero confesó su responsabilidad y fue condenado en marzo de 2016.
Una vez condenado a 28 años de prisión, la Fiscalía solicitó su expulsión de Justicia y Paz. La Corte Suprema de Justicia ratificó esa decisión en agosto de 2017. Y mientras se daban estas circunstancias judiciales, el ex congresista José Arístides Andrade optó por denunciar penalmente a El Panadero por falso testimonio. Es decir, mientras Andrade afrontaba la investigación en su contra al Panadero se le caían sus arreglos con la justicia y también empezó a ser indagado.
A mediados de 2015, un fiscal del grupo de trabajo contra falsos testigos, llamó a juicio a El Panadero por «falso testimonio y fraude procesal». Sin embargo, han transcurrido tres años sin que sea posible concluir el proceso, por las continuas dilaciones del ex paramilitar. De manera simultánea, también por la iniciativa de la defensa de José Arístides Andrade, fue denunciado penalmente el testigo Fremio Sánchez, compadre de El Panadero y validador de sus falsedades ante la justicia colombiana.
En enero de 2017, la Fiscalía le imputó cargos de «falso testimonio y fraude procesal», pero al igual que El Panadero, lleva más de un año bloqueando la posibilidad de que la justicia determine su responsabilidad. Entre tanto, el ex congresista continuó su defensa en la Corte Suprema de Justicia, que inició la audiencia pública en su contra en julio de 2014. En abril de 2017, concluyó la actividad probatoria y este miércoles 2 de mayo de 2018 finalmente, se dio la sentencia.
Según se ha podido establecer, para la Corte Suprema de Justicia «el proceso no cuenta con elementos de juicio que muestren que los señalamientos de El Panadero, respecto al ex congresista Andrade, hayan sido ciertos». En otras palabras, «no hay pruebas suficientes que permitan determinar que se haya realizado una reunión para planear el crimen del dirigente de Barrancabermeja, David Núñez, y menos que el determinador hubiera sido el ex congresista barranqueño».
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En términos generales, la Corte Suprema de Justicia calificó de «débiles y sin mérito suficiente las declaraciones que quisieron señalar a Arístides Andrade. Aunque el alto tribunal observó que en su momento tenía elementos para convocar a juicio al ex congresista, su apreciación del caso varió como consecuencia de las pruebas que se practicaron en la audiencia pública. De tal análisis quedaron dudas respecto a las circunstancias de hecho imputadas».
La Corte concluyó que «impera aplicar el principio de indubio pro reo (que significa que la duda se resuelve a favor del procesado), pues a pesar de la exhaustiva labor investigativa, los medios aportados no lograron desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a Arístides Andrade. En consecuencia, dispuso su absolución del cargo de determinador del delito de homicidio agravado y se ordenó cancelar la orden de captura que se había impartido en su contra».
Por este mismo caso, el pasado junio de 2017, el otro señalado, David Ravelo Crespo, decidió acogerse a la Justicia Especial de Paz (JEP). Su racionamiento es que «nunca perteneció a la insurgencia, nada tuvo que ver con los señalamientos de El Panadero, pero espera que en la JEP se demuestre cómo el proceso en su contra fue producto de un montaje judicial protagonizado por el ex paramilitar y direccionado por terceros de la misma línea».
El Panadero está citado a audiencia pública el próximo 12 de julio, para ver si es posible que, después de cinco años, se pueda terminar el juicio que se le hace por falso testimonio y fraude procesal. A su vez, el testigo Fremio Sánchez, está citado a audiencia en otra fiscalía el próximo 10 de mayo, con el propósito de que se pueda formalizar la audiencia de acusación por los mismos delitos. Ambos fueron denunciados por el hoy absuelto ex congresista barranqueño, José Arístides Andrade.
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