La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en contra de Liliana Patricia Forero Cala, gerente del basurero Yerbabuena, ubicado en la vereda Patio Bonito en Barrancabermeja, propiedad de la empresa de recolección de basuras Rediba S.A.
La representante legal del relleno sanitario, señalado de contaminar la Ciénaga de San Silvestre (reserva hídrica que surte al acueducto municipal encargado de abastecer a cerca de 300.000 habitantes en la ciudad de Barrancabermeja) tendrá que responder por los delitos de fraude procesal, daño a recursos naturales agravado, daño a recursos naturales en homogéneo con contaminación ambiental, ocultamiento y destrucción de material probatorio, invasión a propiedad privada y zona de Distrito de Manejo Integrado (DRMI).
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La decisión la tomó el Juez Segundo Penal de Control de Garantías, Pedro Páez, aproximadamente tres meses después de que la investigación fuera priorizada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el marco del programa contra la corrupción ‘Bolsillos de Cristal’.
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En la audiencia contra la gerente de la empresa del mega contratista, Reinaldo Bohórquez también se demostró, de acuerdo con los demandantes, que la actuación del basurero fue ‘dolosa’ (deliberada). Un ejemplo de esto fue la intención que tuvo el relleno a mediados de marzo, cuando quiso borrar evidencias luego de que algunos ciudadanos denunciaran que, al parecer, estaban comprando predios aledaños para expandir su zona de operación sin autorización. En ese momento se advirtió que REDIBA estaría extralimitándose de las coordenadas que tenía permitidas en la licencia ambiental, otorgada en 2015 por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) bajo dudosas circunstancias.
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Liliana Forero —la gerente de REDIBA en Barrancabermeja— no fue la única salpicada en este lío ambiental. También hay programada una audiencia de imputación de cargos en contra de la ex directora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero, capturada en noviembre pasado en el municipio de San Gil por falsedad en documento público y peculado por apropiación. La ex directora no asistió a la audiencia por supuesto ‘desconocimiento’, como informó su abogado. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que la ex funcionaria sí fue notificada a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Bajo la dirección de Flor María Rangel Guerrero la CAS le otorgó licencia ambiental al relleno Yerbabuena, en ese entonces con la premisa de que «lo que se iba a construir era un camino veredal de uso de suelo agropecuario». Meses después terminó siendo un basurero.
La Corporación (CAS) también otorgó dicha licencia sobre ‘la cuenca hídrica del humedal San Silvestre’, zona especial de protección ambiental. Este permiso, según registro, no estaba estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente ni tampoco avalado por el Decreto 838 de 2005, que regula la disposición final de residuos sólidos en el territorio nacional.
En la ciudad de Barrancabermeja se ha concluido en diversos trámites constitucionales que la actuación desplegada por la Corporación Autónoma Regional —CAS—, fue abiertamente inconstitucional, y arbitraria, porque desconoció injustificadamente el ‘principio de legalidad’, al desatender los parámetros establecidos en el Decreto 838 de 2005, con la expedición irregular de resoluciones que otorgaron licencias, para que en Barrancabermeja, se construyan dos rellenos sanitarios: ANCHICAYÁ y REDIBA, en el sector de Patio Bonito, afectando un área integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de influencia de la Ciénaga San Silvestre, definidas dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado.
De acuerdo con la Fiscalía, sumado a los delitos que ya se notificaron, la conducta de Flor María Rangel se agravaría por aparente «peculado por apropiación, prevaricato por acción y prevaricato por omisión», aunque estos solo serán confirmados cuando se realice la audiencia formal.
El basurero Yerbabuena está ubicado en la vereda Patio Bonito, sobre la carretera que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja. Sus habitantes han sido los más afectados. Desde que inició su funcionamiento, a comienzos de 2016, estos han denunciado vertimiento ilegal de lixiviados, presencia de mercurio en los humedales, malos olores y muerte de peces, manatíes y tortugas, razón por la cual desde hace un año alrededor de 100 familias reciben agua en carro tanques.
La diligencia de la Fiscalía parece poner en entredicho el fallo de la Corte Constitucional de hace dos meses, en el que el magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero declaró improcedentes (2) dos tutelas interpuestas por dicha comunidad, las cuales pretendían cerrar el basurero alegando el derecho humano al agua y a un medio ambiente digno.
