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Fiscalía insiste en culpar a ejecutivos de Ecopetrol por desfalco en REFICAR

Fiscalía insiste en culpar a ejecutivos de Ecopetrol por desfalco en REFICAR“Los señores Orlando Cabrales (expresidente de Reficar), Felipe Laverde (exvicepresidente jurídico de Reficar) y Pedro Rosales (exvicepresidente ejecutivo de Ecopetrol), sabían que CB&I, de los señores Phillip Kent Asherman y Massoud Deidehban (ex representantes de CB&I), no tenían capacidad financiera ni experiencia para este tipo de proyectos”, advirtió ante el Juzgado 16 de Control de Garantías de Bogotá, el Fiscal 27 Anticorrupción, Julián Rendón.

 

Agregó el representante del ente acusador al respecto: “CB&I había sido descalificada por Ecopetrol en la presentación de ofertas en 2009 en el proyecto de Barrancabermeja, y aunque se sabía que desde 2009 no tenía capacidad financiera, no obstante, se celebraron con ellos dos nuevos contratos en Cartagena en 2010”.

 

Finalmente, puso de presente que “CB&I nunca había construido una refinería completa”.

 

 

Cambio de modalidad de contratos

 

Reveló además que desde las actas de junta directiva de Reficar, como la fechada el 3 de octubre de 2008, CB&I muestra su reticencia para contratar bajo la modalidad de ‘llave en mano’ (donde el contratista se compromete a hacer una obra, incluyendo suministro de equipos, y el contratante la recibe lista para operar) y, por eso, abogó siempre para contratar, como de hecho finalmente se hizo, bajo la modalidad de ‘costos reembolsables’ (en el que se paga al contratista por los costos reales incurridos en la ejecución del contrato, más una cuota de beneficio).

 

“Frente a una pregunta de Federico Maya (exvicepresidente de refinación de Ecopetrol)sobre cuál era la razón para decidir en este momento la ejecución del contrato en vez de que CB&I hiciera su oferta, se argumentó la reticencia de CB&I a contratar bajo esta modalidad por las condiciones del mercado internacional y se indicó que la oferta ‘suma global llave en mano’ que presentaría CB&I a mediados de 2009 no sería viable para el proyecto, y en esta misma acta se precisa que los actuales contratistas han manifestado que no estarían interesados en el desarrollo de la construcción del proyecto bajo la modalidad ‘suma global llave en mano’”, leyó el fiscal.

 

Por ello, concluye Rendón que Ahsherman y Deidehban “no son ajenos a la responsabilidad que se les imputa, y encontraron eco y común acuerdo con Cabrales, Laverde y Rosales, con quienes acordaron ser relevados de esa obligación”, ya que desde los CONPES de 2004 y 2005 se había planteado la necesidad de que este proyecto estratégico de la ampliación de la Refinería de Cartagena se desarrollara bajo la modalidad de ‘llave en mano’, para evitar riesgos de sobrecostos.

 

 

Favorecimiento a CB&I

 

“Ustedes, señores Cabrales, Laverde y Rosales, se interesaron ilegalmente en beneficiar a CB&I violando el régimen de contratación”, indicó el fiscal Rendón, añadiendo que “Cabrales, Laverde y Rosales, como funcionarios, para beneficiar a CB&I, de los particulares Asherman y Deidehban, la liberaron de las obligaciones del contrato EPC, de ingeniería, suministro y construcción, y tampoco verificaron el cumplimiento de los requisitos”.

 

Así mismo, señaló que el primer contrato de construcción de la refinería, entre Reficar y CB&I, suscrito el 6 de noviembre de 2007, no se liquidó: “ese contrato de 2007 ordenaba entregar terminada una refinería en la ciudad de Cartagena en 2012. Pero usted, señor Cabrales, como presidente de Reficar, y usted señor Laverde, como vicepresidente jurídico, no liquidaron el contrato”.

 

Sin embargo, además, a pesar de que el contrato estaba en incumplimiento, se procedió a firmar dos contratos más: “no se verificó el cumplimiento de las obligaciones de CB&I, dando lugar inexplicablemente a la firma de dos nuevos contratos en 2010. Y Asherman y Deidehban sabían que el contrato andaba a media marcha, que no se había terminado la ingeniería ni se habían presentado cronogramas”.

 

 

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Contrato a dedo

 

Aseguró también el representante del ente de control penal que “no se adelantó concurso público para celebrar el contrato” y contó que la empresa Technik “había presentado propuesta incluso con la modalidad de ‘llave en mano’, asumiendo la mayoría de riesgos el contratista”.

 

No obstante, aclaró el investigador, “la participación de Technik, con vasta experiencia en refinerías y que presentaba una propuesta con descuentos y asumiendo riesgos, fue solo para darle apariencia de concurso público cuando ya se había escogido a CB&I a dedo”.

 

 

Malatraducción

 

Justo cuando el ente de control penal hacia las graves acusaciones, Paula Cadavid, abogada de Deidehban, y quien acompañaba a los extranjeros en su comparecencia desde el consulado de Washington, afirmó que su cliente no estaba comprendiendo la traducción “que no es satisfactoria” del traductor facilitado por la Judicatura.

 

Por ello, el juez suspendió hasta la tarde la diligencia, cuando empezó a intervenir un traductor de la Fiscalía, que incluso estuvo en el interrogatorio a Deidehban.

 

 

Las partes

 

En Paloquemao comparecieron el presidente de Reficar de 2009 a 2012, Orlando Cabrales, con su defensor el abogado Francisco Sintura; y el presidente de Reficar de 2012 a 2016, Reyes Reynoso, con su representante Ricardo Calvete.

 

Así mismo, se encontraban el vicepresidente jurídico de Reficar de 2009 a 2017, Felipe Laverde, con su defensa José Mestre; el vicepresidente ejecutivo del Downstream Ecopetrol en 2008, Pedro Rosales, con su apoderado el ex magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego y el revisor fiscal de Reficar de 2013 a 2015, Carlos Lloreda, con su representante el ex magistrado Augusto Ibáñez.

 

Desde el consulado en Washington, del mismo modo, respondieron el representante legal de CB&I en 2010, Asherman, con su defensor en Colombia, Juan Carlos Frías. Y también el director de proyectos y representante legal de CB&I en 2009, Deidehban, con su representante en los Estados Unidos, Paula Cadavid.

 

Como representante de víctimas de Ecopetrol estuvo Misael Garzón y de la Contraloría, Carlos Suárez. Y fungió como procurador del caso Misael Rodríguez.

 

 

Los delitos

 

Desde el pasado 27 de abril, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, había anunciado las imputaciones en el marco de las pesquisas por las irregularidades presentadas en la ampliación de la Refinería de Cartagena, en la que “según ha podido evidenciar la Fiscalía General de la Nación, hubo cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto”.

 

De acuerdo con el ente acusador, los pagos anómalos se presentaron en facturaciones por bienes o servicios no prestados al proyecto, subcontrataciones no autorizadas por Reficar, gastos suntuosos y extravagantes además de no relacionados con el proyecto, pagos duplicados de costos y pagos por equipos que no prestaron servicio al proyecto.

 

“Los delitos cometidos son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos. El peculado fue tasado en más de 610 mil millones de pesos, que equivale a 18 escándalos de Odebrecht o 12 mil viviendas gratis”, reportó el fiscal en su momento.

 

 

Lo fiscal

 

Por su parte, el pasado 13 de marzo, el contralor general, el valduparense Edgardo Maya Villazón, anunció que la Contraloría General de la Nación abría un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares, es decir $ 17 billones de pesos, contra 38 miembros de juntas directivas y funcionarios de Ecopetrol y Reficar y (6) seis de las empresas contratistas.

 

La Contraloría señaló en su momento que las aprobaciones de mayores inversiones en el presupuesto del proyecto llevaron a la pérdida de valor de las mismas por las deficiencias en la ejecución, lo que terminó en un daño patrimonial que se calcula en $ 4.144 millones de dólares, a lo que se suma el lucro cesante por $ 1.936 millones de dólares generado por la entrada tardía en operación de la refinería, lo que da un total de 6.080 millones de dólares.

 

 

Los hechos

 

La Fiscalía recordó que desde 1996 se planteó la necesidad de modernizar la Refinería de Cartagena, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 definió este proyecto como de “importancia estratégica” y se planteó en dos documentos Conpes, el 3312 de 2004 y el 3336 de 2005, donde se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un socio que financiara el proyecto, y además se dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran fundamentalmente en el inversionista privado y se estableció que la ingeniería y la construcción del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual ‘llave en mano’, para eliminar el riesgo de sobrecostos.

 

En 2006 se eligió a la compañía Glencore International AG como el inversionista mayoritario del proyecto, con 51%, y junto con Ecopetrol, con el 49%, constituyeron la sociedad Refinería de Cartagena S.A. Reficar.

 

Luego, en 2007 se eligió a Chicago Bridge & Iron Company, CB&I, para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la Refinería.

 

No obstante, en 2009, advirtió el fiscal, “sin haber financiado el proyecto y alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad Reficar, y Ecopetrol adquirió el ciento por ciento de la participación accionaria de la Refinería. Y se contrató a Foster Wheeler & Process Consultant Inc. para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto”.

 

Señaló además el representante del ente de control penal que en 2010 “Reficar suscribió dos nuevos contratos con CB&I en la modalidad contractual ‘costos reembolsables’, desconociendo la modalidad contractual inicialmente requerida por el Conpes, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado”.

 

Finalmente, luego de los atrasos e incumplimientos por parte del contratista, en 2014, Reficar y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados ‘Memorandum of Agreement’, MOA, y ‘Project Invoicing Procedure’, PIP, que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en favor de CB&I.

 

“Con estos acuerdos se dispuso que se pagaran facturas que Foster Wheeler expresamente había objetado por improcedentes, pero mediante el acuerdo Reficar tomó la decisión libérrima de pagar esas cuentas, y se autorizaron pagos sin siquiera la revisión de los documentos por parte del auditor”, puso de presente.

 

La audiencia continuará este miércoles 26 de julio de 2017 desde las 8 de la mañana.

 

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