Un fallo del Consejo de Estado le puso fin a uno de los pleitos más antiguos entre particulares y el Estado y de paso evitó que Ecopetrol tuviera que pagar la suma de $ 424.000 millones de pesos. La Sala Plena negó en última instancia las pretensiones a 56 particulares que reclamaban la propiedad del subsuelo en los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua en el Casanare, cuyas reservas superan los 1.300 millones de barriles. Para el Consejo de Estado es claro que el subsuelo en Colombia es propiedad exclusiva de la nación.
La decisión del Consejo de Estado notificada a las partes el pasado 21 de enero de 2013, (pero solo dada a conocer a los medios de comunicación en las últimas horas), dejó en firme la revocatoria de la Resolución 113 de 1971 que ordenó transferir a 56 particulares la propiedad del subsuelo de los terrenos conocidos con el nombre de Santiago de las Atalayas y Pueblo Viejo del Cusiana.
Ahora, estos dineros que fueron aprovisionados por Ecopetrol a mediados de los años 90, para cuando se conociera el fallo, regresarán a la caja de la compañía y la mayor parte se destinará a inversiones.
El litigio empezó en octubre de 1920, cuando el general José Martínez Landínez veterano de guerra, puso al descubierto la existencia de un vasto territorio de propiedad de la Nación, invadido progresivamente por colonos y aventureros.
El denunciante obtuvo como recompensa el 45 por ciento del terreno, calculado en 380.000 hectáreas, pero entre 1920 y 1949 tuvo que ir en tres ocasiones ante los tribunales para aclarar si sus derechos se limitaban al suelo o lo hacía dueño también del subsuelo.
Posteriormente, herederos, cesionarios y otros compradores de lotes en que fue fragmentado el terreno reclamaron derechos sobre la superficie y el subsuelo de Cusiana y reclamaban participación sobre la explotación de petróleo y gas y aspiraban a obtener regalías.
